Las auditorías buscan que los intendentes ajusten sus gastos

El trabajo alcanzará a los distritos con un alto uso de los ingresos en sueldos. Comenzará en los próximos días.
T ras confirmarse el inicio de auditorías de gasto en personal en los municipios que destinan el grueso de la coparticipación al pago de sueldos, la Dirección Provincial de Relaciones Municipales -a cargo del trabajo- está preparando el cronograma de visitas a los distritos, que aún debe ser aprobado por el jefe de la cartera política, Javier Silva.

Por encargo de la Comisión de Participación Municipal, el equipo técnico del organismo pondrá bajo la lupa cómo usan sus recursos los jefes comunales, fundamentalmente para determinar por qué se producen los desfasajes que acusan para solicitar ayuda.

Aunque aclararon que esta indagación, que comenzará en los próximos días, no busca ejercer "controles", el fin último es asesorar sobre medidas de ajuste y contención del gasto.

"La intención no es cuestionar lo que el municipio gasta, sino más bien ver en qué forma se le puede ayudar para que baje los gastos", argumentaron desde la dependencia de Gobierno.

Por supuesto, de acuerdo con la información que se logre, se decidirá de ahora en más la asistencia.

Muchos distritos arrastran un fuerte déficit por su importante estructura de personal. Es que además de los agentes de planta, deben afrontar los sueldos de los funcionarios, becados y contratados, por lo que el costo salarial se dispara. El resultado: el dinero no les alcanza y deben solicitar ayuda a través del Fondo de Emergencia en forma permanente, cuando éste en teoría debe auxiliar sólo por alguna coyuntura.

En los últimos años, el compromiso de los ingresos de muchas comunas fue en aumento por el costo de personal. Esto llevó a que un tercio de las 36 comunas catamarqueñas deba ser apoyada en forma mensual para hacer frente a los salarios de sus trabajadores.

La consecuencia de esta política fue que el Fondo quedó desfinanciado, lo que provocó el lógico reclamo de otros intendentes que no cuentan con la posibilidad de tener esta reserva por cualquier eventualidad.

Cambios

Con la renovación de autoridades de la Comisión de Participación a mediados de 2009 y la vuelta a la titularidad de la intendenta de Icaño, Olga Santillán, se decidió implementar medidas restrictivas en el Fondo de Emergencia para preservarlo.

En primer término, decidió calcular la ayuda sólo en función del personal en blanco y sin incluir aumentos salariales.

Esto no impidió, sin embargo, que una docena de intendentes presentara mes a mes informes negativos sobre sus recursos y la necesidad de que se los ayude para evitar un conflicto con el personal.

Algunos jefes comunales dijeron gastar todo lo que reciben en sueldos y se da el caso particular de Pomán, al mando del peronista Francisco Gordillo, que acusa un compromiso del 103% en salarios.

Fue por eso que a finales del año pasado, la Comisión votó a favor de un fuerte control del uso del Fondo. En este sentido, decidió ayudar únicamente a los distritos que dicen gastar el 80% o más de lo que reciben para sueldos (Pomán, El Alto, Belén, Tinogasta, Capayán y Andalgalá) durante enero, febrero y marzo.

Ya con los resultados de las auditorías, la Comisión distribuirá los recursos que administra.

Paralelamente, se aconsejó nuevamente a los intendentes que pongan en marcha medidas para achicar gastos y mejorar la recaudación en cada distrito.

Hasta ahora, y pese a tener un equipo oficial disponible, no hubo pedidos para rever los sistemas tributarios en las jurisdicciones.

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