El 1º de agoto entró en vigencia la Convención sobre Municiones de Racimo que se propone prohibir la utilización de esas nefastas bombas, que son las más cuestionadas por la comunidad internacional porque generan la mayor cantidad de víctimas civiles en una guerra. Y aunque fue uno de los principales actores de la negociación liderada por Noruega, llegando a redactar alguno de los artículos de la proclama, Argentina no forma parte de los países que actualmente condenan las bombas de racimo.

Hace tres años, un grupo de diplomáticos argentinos participó de la Conferencia de Oslo, que se creó en 2007 para prohibir ese armamento. Pero en un sorpresivo cambio de postura, y pocos meses antes de ratificar esa Convención, Buenos Aires cambió su decisión a fines de 2008 y desde entonces no ratificó el acuerdo, quedando en la misma posición que Estados Unidos –lanzó esas bombas sobre Irak y Afganistán–, Israel –las usó en Gaza y el Líbano– y Rusia –las utilizó en Chechenia–.

También conocidas como “clúster”, se trata de bombas que son lanzadas desde el aire y a cierta altura se abren para dejar caer sobre el territorio enemigo cientos de submuniciones que estallan cuando impactan o se depositan, creando un campo minado.

Las organizaciones humanitarias advierten que son armas que actúan de forma indiscriminada, al no distinguir entre blancos civiles y militares y siguen causando muertos y heridos mucho tiempo después de que un conflicto haya finalizado.

El Gobierno argentino argumentó su sorpresiva pirueta sosteniendo que no estaba conforme con la declaración alcanzada, a pesar de haber liderado la posición de América latina en las reuniones previas. También cuestionó el artículo 21, conocido como la “cláusula OTAN”, que no condena a una alianza militar en la que uno de sus socios lance una bomba.

“Nosotros también cuestionamos esos ‘grises’, pero entendemos que la única forma de solucionarlos es desde adentro. Al no firmar la Convención contra bombas de racimo, la Argentina no cumple con la vocación humanitaria que presenta a nivel internacional y muestra una contradicción con la defensa de los derechos humanos”, aseguró María Pía Devoto, directora ejecutiva de la Asociación para Políticas Púbicas, una ONG que participó activamente del proceso de Oslo y forma parte de la Coalición contra las Municiones de Racimo.

A pesar de la postura oficial, lo cierto es que el trabajo de la Cancillería argentina cedió a las presiones de Brasil –no firmó el acuerdo porque produce esas bombas–, y al lobby del Ministerio de Defensa, que alertó sobre una hipótesis de guerra regional en la que Argentina no podría usar esas armas frente a Brasil –tiene un arsenal disponible–, y a Chile –tiene presupuesto necesario para adquirir las bombas de tecnología superior que sí discriminan objetivos militares y civiles y no fueron prohibidas–.

La negativa argentina de firmar sólo fue compartida por Brasil y Venezuela en Latinoamérica y por algunos países africanos y asiáticos, además de las potencias militares que usan o fabrican las bombas. En cambio, Europa las condena y el Parlamento Europeo ha reconocido el peligro que representan. Hasta el momento, ya son 138 los Estados que firmaron la proclama y otros 34 están en proceso de ratificación.

“La entrada en vigencia de la Convención significa un avance importante en el trabajo humanitario. Nosotros seguimos manteniendo diálogo con Argentina porque compartimos muchos puntos en común en otros temas”, explicó Nils Haugstveit, embajador de Noruega en Buenos Aires.

Según Amnesty Internacional, un tercio de las víctimas de estas armas son niños, porque las bombas que quedan desperdigadas sin explotar tienen colores llamativos, que son confundidos con juguetes. En la última década, más de cien mil personas murieron –el 98% de ellas eran civiles– como consecuencia de las bombas de racimo. Las que Argentina no condena.