El titular de la empresa Codistel se desvinculó de la supuesta defraudación en la facturación del servicio de recolección de basura. Atribuyen motivaciones políticas a la denuncia.
El empresario durante su declaración se desvinculó de la supuesta defraudación en la facturación por el servicio de recolección y tratamiento de los residuos domiciliarios, que prestó su empresa a la Municipalidad, informó una fuente con acceso a la causa.
La fuente aseguró que Luzzardi negó los hechos que se le imputan y también deslindó una eventual responsabilidad del EPEN en el hecho. Del acto participaron además el fiscal adjunto Adrián De Lillo y el defensor, Guillermo Hensel.
El empresario sostuvo ante el juez que la denuncia en su contra tuvo motivaciones políticas y recordó la empresa dejó de prestar el servicio el 31 de agosto de 2008, en medio de una fuerte polémica con el bloque de concejales de la UVAC.
Los ediles oficialistas Jorge Oliwa, Héctor Aguilar y José Dino denunciaron en mayo de 2008 que Codistel facturó en forma errónea y cobró por el servicio a la Municipalidad, según el sistema de reajuste que funcionaba cada seis meses.
La variación en la cantidad de medidores de luz en la localidad era el parámetro que se utilizaba para actualizar el canon por el servicio. Los datos de los medidores los suministraba el EPEN.
Por eso, el responsable local del EPEN, Javier Abraham, está imputado en la causa acusado del mismo delito. Abraham debía declarar ayer, pero pidió al juez una postergación.
Los concejales de la UVAC estimaron que la sobrefacturación del servicio, rondaba los 500.000 pesos.
Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que el período donde se detectó una presunta irregularidad corresponde a julio-diciembre de 2006. Y la cifra estimada llega a los 50.000 pesos.
El fiscal preguntó a Luzzardi si no le había llamado la atención el aumento de 2.400 medidores de un mes a otro, pero el empresario explicó que ese dato no lo advirtió.
Desde el 1 de agosto de 2008, el servicio está municipalizado a partir de una iniciativa que impulsó la UVAC, con el aval del intendente, Ricardo Alonso.
Codistel demandó al Municipio por el cobro de 480.000 pesos correspondientes a abril, mayo y junio de 2008. Con el reajuste y los intereses el reclamo llega a los 800.000 pesos.
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