La Justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata ordenó ayer a Aguas Bonaerenses S.A, (ABSA) descontar a partir de junio a los usuarios un 15% de la facturación, mientras resuelve la cuestión de fondo sobre la forma total de restitución del tarifazo de 2012.

Como ya publicó EL DIA, a finales del año pasado la Suprema Corte bonaerense consideró que el ajuste tarifario de hasta el 180% aplicado por la empresa en mayo de 2012 era nulo, en atención a que éste se había efectuado sin una audiencia pública previa en la cual se evaluara el impacto de la medida.

Con todo, el máximo tribunal ordenó a la primera instancia de la larga controversia judicial, el juez Luis Arias, a que determine la forma de restitución de los montos cobrados a los usuarios en función de ese aumento, algo que el magistrado deberá analizar atendiendo a los requerimientos de la parte demandante y de las posibilidades de la prestataria.

Sin embargo, mientras esto ocurre, Arias hizo lugar al pedido de una medida cautelar por parte del ex diputado de la Coalición Cívica Oscar Negrelli -uno de los demandantes en la causa-, quien había solicitado que hasta que se resuelva la cuestión de fondo se suspenda el cobro del aumento y se restituya durante tres meses el 25% de la facturación de los usuarios.

Sin embargo, la resolución dictada por el magistrado no suspende el cobro de los montos cobrados en función de ese ajuste, aunque sí obliga a la empresa a descontar el 15% de cada facturación durante seis meses o hasta tanto se resuelva la cuestión, algo que debería implementarse por parte de la prestataria de agua y cloacas a partir de junio.

En tanto, ABSA podría apelar esa resolución acudiendo a una instancia superior, una decisión que aún no fue tomada: desde la empresa indicaban ayer que aún no habían sido notificados formalmente del mandato judicial.

De esta forma, en los próximos días se conocerá si la empresa decide acatar la decisión o dar una nueva pelea judicial.

ANALISIS

La cautelar dictada por Arias apunta a que la empresa comience a restituir esas sumas como parte del aumento, mientras analiza los aspectos para resolver la cuestión de fondo de cómo aplicar el mandato de la Suprema Corte sobre la restitución de la sumas cobradas en función del tarifazo.

En ese sentido, son varias las cuestiones a analizar, entre ellas que para la parte demandante la suba tarifaria cobrada desde mayo de 2012 continúa hasta ahora y, por lo tanto, incluye el aumento posterior del orden del 40% efectuado a partir de enero de 2015.

Sin embargo, desde ABSA sostienen que esa nueva actualización en la facturación del servicio no debe estar incluida porque “no se realizó sobre el porcentaje declarado nulo por el máximo tribunal” sino que “se aumentó la unidad del bien”, es decir, el valor del metro cúbico.

Pero, además, si bien la parte actora reclama que la devolución a los usuarios se aplique en pocas facturaciones, la empresa indica que, en las condiciones actuales, la medida vuelve insostenible su funcionamiento.

Según el cálculo estimado por fuentes de la administración provincial, el monto total que ABSA deberá devolver ronda los 1.800 millones de pesos, mucho más de su facturación anual.

No obstante, el juez Arias solicitó a la empresa un informe técnico sobre los últimos ejercicios para conocer su situación financiera, que espera para tomar la decisión final.

“ES INEDITO”

Luego de conocer la reciente decisión judicial, Negrelli señaló que el fallo “se aleja de lo solicitado”, aunque consideró que “dentro del panorama, no deja de ser favorable por el inédito tratamiento de la Justicia a favor de los usuarios”.

Y agregó que el primer efecto que se logra “es que haya una devolución concreta, y el segundo es obligar a la empresa a discutir rápidamente”.

En esa línea, confió en que ABSA “le dé un respiro a los usuarios y acate el fallo como un gesto de buena voluntad”, aunque no descartó que la compañía intente dilatar los tiempos, apelando ante una instancia superior.

A principios de mayo, el juzgado de Arias también hizo lugar a otro pedido de Negrelli, en este caso para ordenar a la prestataria bonaerense a que se abstenga de intimar a los usuarios morosos, así como iniciarles acciones legales sobre deudas contraídas entre mayo de 2012 y la actualidad.

Esa medida se fundamentó en que la firma no debe continuar intimando para el cobro de boletas atrasadas cuando debe devolver el dinero mal cobrado.