Además de emitir duras críticas a la Asesoría Letrada, acusada de inacción e inoperancia, en la última sesión sobrevoló el concepto de que resulta sumamente fácil enjuiciar a la comuna, y ganarle.

Los fondos para pagar los juicios provienen del bolsillo de los contribuyentes.

El tema quedó expuesto en la sesión legislativa del último jueves, cuando comenzó a tratarse el presupuesto para el año próximo. De allí surgió un detalle de las causas por las que en 2012 el pueblo de Comodoro Rivadavia deberá pagar $10.874.072. Se trata de un millón y medio más de lo que destinará a la problemática habitacional.

Los detalles de las causas en curso son sumamente acotados, razón por la que se solicitó al asesor letrado, Gustavo Chocobar, que concurra al Concejo con un informe pormenorizado de las actuaciones, antes de que se proceda al tratamiento presupuestario en segunda lectura, lo que da un plazo hasta los primeros días de diciembre. De la información que actualmente obra en el Concejo, se extraen los datos vinculados a los 16 expedientes en curso.

La previsión presupuestaria más cuantiosa es la asignada a la causa caratulada “Dos Santos Pires Idalio c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ ejecución de sentencia”, que demandará una erogación de 4,4 millones de pesos.

Lo curioso es que a pesar de su trascendencia, en el escrito remitido a los concejales se resume la causa en apenas cinco líneas, sin precisar actuaciones previas, año de inicio de la demanda o evolución de la misma.

Sólo se informa que se trata de un proceso judicial en el que se condena a la Municipalidad al pago de sanciones conminatorias diarias por incumplimiento en el dictado del acto administrativo que otorgue título de propiedad a favor del demandante mencionado. Se expone además que el terreno por el que se reclama el título, fue otorgado en reserva a favor del Sr. De Roberto, quien actualmente se niega a desocupar el mismo, dando inicio a proceso judicial para evitar que se haga el desalojo por parte de la Municipalidad.

De acuerdo a lo trascendido de modo extraoficial, la causa gira en torno a un lote fiscal que el adjudicatario original cedió a un tercero, operación vedada en las ordenanzas respectivas. Tiempo después, y por falta de cumplimiento en los plazos de obra, la comuna revoca la adjudicación y otorga la reserva del mismo lote a otro contribuyente, con lo cual se afronta hoy el cuantioso reclamo del primer adjudicatario y las acciones legales del ocupante.

CORRESPONSABLE

La segunda causa, ordenada siempre en base a su impacto monetario en las arcas municipales, es la caratulada “Ferreira de las Casas Ignacio c/ Costilla Raúl Orlando y otro”, sobre ejecución de honorarios, y que engloba 5 expedientes originados en una demanda a la comuna como corresponsable tras el accidente automovilístico que sufrió Guillermo Federico Cleland (posteriormente fallecido), provocado por la presencia de caballos sueltos en la ruta. Tiene una previsión presupuestaria de 2 millones de pesos.

Según el informe de Asesoría Letrada, dentro de tal proceso judicial, que tiene sentencia firme, se están liquidando las sumas de dinero condenadas a pagar a la Municipalidad y a Raúl “Bocha” Costilla, aunque fue la comuna quien afrontó el pago total del juicio y de los procesos ejecutivos. Se expone que una vez cancelados los montos finales se iniciará demanda de repetición contra Costilla, por ser solidariamente responsable.

Además, la Municipalidad dio inicio a demanda de nulidad por sentencia irrita (nulo, sin fuerza ni obligación) por la muerte de Cleland, proceso que se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia, como apelación ordinaria directa, por lo que el monto de dos millones de pesos afectados es para cubrir eventuales intereses de las sumas de dineros finales que se encuentran en período de liquidación, y evitar el embargo de las cuentas municipales. Vale aclarar que la cifra en cuestión no representa el costo total del juicio, ya que el mismo ha tenido previsiones presupuestarias en ejercicios anteriores.

YPF Y PATAGONIA ARGENTINA

La operadora YPF, que adeuda a la comuna cerca de 12 millones de pesos por VdePin (canon por el uso de la tierra), resulta también acreedora en $623.633 según lo previsto para el próximo ejercicio. Es porque la operadora inició acciones contra la Municipalidad para obtener el reintegro de los gastos incurridos tras la surgencia de petróleo en viviendas del barrio Petroleros Privados, en diciembre de 2007. La operadora sustenta el reclamo en la supuesta violación a la zona de seguridad establecida en el pozo CH 1.953, ubicado en el barrio citado.

El capital del reclamo es por $323.848, y el resto de la cifra indicada se integra con la previsión de intereses calculados sobre la tasa del Banco Chubut.

Patagonia Argentina, por su parte, también resulta acreedora de $35.000 tras un recurso contencioso administrativo, mediante el que se solicita la nulidad de disposiciones de la Dirección de Ingresos Brutos del año 2005, y dos resoluciones municipales del mismo año. El monto previsto en el presupuesto 2012 corresponde a honorarios regulados y sus intereses.

También demandó a la Municipalidad la empresa Nicolás Torraca construcciones por el cobro de intereses devengados por pagos atrasados de certificados de obra, correspondientes a la licitación pública del año 2004 para la construcción de un conducto pluvial en los barrios San Cayetano y Máximo Abásolo.