El Presidente del bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical, Osvaldo Zárate advirtió que los conflictos que se producen en diversas comunas de la Provincia son producto de malas administraciones de los intendentes y del gobierno provincial que destina solamente un 10% de los recursos coparticipables.
El legislador expreso que este tema es una cadena de mentiras entre el gobierno y los intendentes, estos últimos deben trasparentar el manejo que hacen de los recursos públicos, por el otro lado no deben valerse en la ley de financiamiento educativo para justificar la disminución de las transferencias, pues es imposible que algunas comunas hayan disminuido hasta un 35% de sus recursos, como denuncian algunos intendentes, cuando la coparticipación es un recurso que aumenta progresivamente con el transcurso de los meses fuertemente impulsado por el procesos inflacionario que se viven en el país.
Creemos que si no hay un verdadero sinceramiento entre las administraciones comunales y las del poder central, los únicos que pagaran las consecuencias son los ciudadanos de las distintas municipalidades y los trabajadores, solo basta ver la permanente queja de los intendentes en forma continua reclamando más dinero para hacer frente a sus obligaciones.
La ley de financiamiento educativo.
Existe un marcado interés en sectores políticos del oficialismo en mostrar a la Ley de Financiamiento educativo nacional (26.075) como la responsables de todos este problema por el que están pasando hoy muchos municipios de nuestra provincia y esto no es así; en primer lugar debemos decir que esta ley establece un mecanismo de afectación presupuestaria a través de formulas o algoritmos aplicados en función de los incrementos producidos en la coparticipación diaria a las provincias, que produce una retracción del orden del 3 al 5% anual, por lo que mostrarlo como causal de una disminución tan pronunciada de los recursos municipales es una mentira a la cual los intendente han renunciado por reclamar por su actitud servil y complaciente ante el poder.
Por otra parte, y en este mismo tema- debemos decir que estos recursos que la Nación los afecta y los deduce de la coparticipación federal, no se pierden, sino que ingresan a la provincia con un destino especifico y para mejorar la calidad educativo a través de metas propuestas por acuerdos firmados entre Nación y provincia, por lo que pretender trasladarle esta afectación a los municipios es una actitud que muestra la falta de voluntad del gobierno provincial para llegar a la solución del tema, y que tiene las herramientas para hacerlo a partir de las facultades extraordinarias consagradas en la ley de presupuesto de la provincia , que el mismo oficialismo impulso.
Salarios de hambre.
La consecuencia de esta situación la siguen pagando los empleados de los municipios, ya que no existe por parte de la provincia voluntad para mejorar la situación actual. La actitud de los propios intendentes que se quejan de la ley de financiamiento educativo pero no dicen nada de los mas de cien millones de pesos que les saca la provincia como ATP todos los años que vuelve a alunas comunas de acuerdo a la voluntad de un funcionario y no de las necesidades concretas de los municipios.
Prefieren echar gente, disminuir sueldos, pasar a disponibilidad a otros, en lugar salir a defender los recursos de sus municipios, todavía no he escuchado a un solo intendente salir a reclamar por la forma en que se le han liquidado los recursos de coparticipación que le corresponden a su municipios, porque ni siquiera se animan a pedirle al gobierno provincial que le muestren la forma en que lo han hecho.
En el Presupuesto 2012 la relación de los gastos del gobierno y los municipios es mas de 9 a 1, es decir que lo que llega a los mismos no alcanza para nada y no se practica un verdadero federalismo, sumado a esto a que muchos dirigentes que llegan a los ejecutivos de sus localidades solo pretenden pagar sueldos y no hacer nada por sus vecinos.- Las obras publicas no las planifican se las llevan enlatadas desde la capital y de acuerdo a otras prioridades y no las de las municipalidades, no hay una planificación estratégica entre las comunas y e Gobierno, no podemos admitir que los empleados públicos del interior que trabajan en las comunas tengan sueldos promedios que van de 1000 a l500 pesos por mes, la variable de ajuste siguen siendo los trabajadores y los habitantes de las distintas localidades.
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