El caso se inició el 7 de junio del año pasado a partir de una acción de amparo colectiva planteada por el procurador de la provincia, Pablo López Viñals, con el objeto de interrumpir el proceso de degradación y prevenir el menoscabo de los sitios arqueológicos ubicados en la "Quebrada de Ablomé", en las adyacencias de las costas del dique Cabra Corral, Guachipas.

A partir de este recurso, interpuesto ante el juez penal 5, Pablo Arancibia, se involucró en el conflicto a las autoridades de Areas Protegidas de Salta, dependiente del Ministerio y Desarrollo Sustentable de Salta y la Dirección del Museo de Antropología.

En vista del conflicto, el fiscal de estado, Ramiro Simón Padrós solicitó al juez la realización de una audiencia entre las partes a fin de tratar el asunto, hecho inusual en esta instancia del proceso, puesto que ante un amparo generalmente el magistrado sólo pide informes y opiniones de las partes para luego resolver.

Importancia cultural

En este caso, las partes se reunieron en una audiencia celebrada en la sala de grandes juicios de la ciudad judicial, oportunidad en que las partes reconocieron la importancia cultural, histórica y arqueológica de las pinturas rupestres de Ablomé, las cuales se hallaban en tierras pertenecientes a Douglas Robert Casey, quien fue representado en el proceso por el abogado, Héctor Moisés.

En dicha audiencia, las partes también coincidieron en que la categoría de Monumento Cultural, según consta en el artículo 21 de la Ley Provincial 7107 era la que mejor se adecuaba para la conservación de las pinturas rupestre de Ablomé, por lo que establecieron una serie de pautas hasta cumplir los trámites de rigor a fin de que la zona, compuesta por 215 hectáreas, adquiera dicha jerarquía.

Bajo la premisa de que esas tierras conserven la protección que merecen, tarea controlada por el procurador López Viñals, las partes acordaron distintas acciones provisorias hasta llegar a un acuerdo final, cuya fecha tope de negociación era el 1 de abril pasado.

Cumplido ese plazo, y en vista de que Casey ni su abogado solicitaron ni plantearon algún tipo de negociación en torno a las 215 hectáreas, el acuerdo quedó homologado sin chances de que la parte privada pueda exigir resarcimiento u otro tipo de indemnización.

En vista de ello, el acuerdo fue remitido por la justicia al gobierno de la provincia, disponiéndose la publicación oficial del convenio en el Boletín Oficial el 4 de mayo pasado, con lo que el caso llegó a su fin con el beneficio de que la provincia suma otro Monumento Cultural.

Efectiva protección

El pedido del Procurador incluyó que se lleven a cabo ‘‘toda las actividades necesarias y conducentes para que -por sí o por medio de autoridades competentes- se logre una efectiva protección del patrimonio cultural’’.

El procurador pidió la inmediata aplicación de una medida ’’cautelar de no innovar’’ que restrinja provisionalmente toda ’’actividad que pueda causar daños, especialmente el ingreso y el turismo incontrolado y el movimiento de tierras, hasta tanto se resuelva e fondo de la cuestión’’.

La medida alude a ‘‘una zona de 157 hectáreas que contiene, rodea y protege los sitios arqueológicos, conforme fueron detallados por un equipo técnico que los estudió recientemente’’, y pide que se proceda ‘‘a la anotación de la medida en el catastro del inmueble donde se ubica’’ ese patrimonio cultural salteño.