MADRID.- Un día después de que Murcia, Navarra y el Partido Popular (PP, derecha) se rebelaron contra la aplicación de la ley de "aborto libre", el gobierno español contraatacó ayer con un escrito judicial en el que puso en duda la facultad del Tribunal Constitucional, que suspendió la norma en esas dos comunidades autónomas.

En su petición, el gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero alegó que "no hay previsión legal o constitucional alguna" que habilite al tribunal a impedir la aplicación de la norma, que había sido aprobada previamente por las Cortes Generales.

Se trata de un nuevo capítulo de la batalla que comenzó anteayer con la entrada en vigor de la ley de salud sexual e interrupción del embarazo, que provocó que Murcia y Navarra descartaran aplicarla, y recursos judiciales en contra del PP y de grupos pro vida.

La medida permite abortar a toda mujer mayor de 16 años hasta las 14 semanas de embarazo e, incluso, hasta la número 22 en caso de encontrarse en riesgo la salud del feto o de la madre.

Pero el contraataque de la autoridades nacionales no se limitó a las presentaciones judiciales.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, la principal impulsora de la polémica ley, exhortó públicamente a los gobiernos de Navarra y Murcia a "rectificar en forma urgente" su decisión de no cumplir con la normativa en sus distritos, bajo la amenaza de tomar duras medidas legales contra la revuelta.

"Pondremos en marcha los mecanismos jurídicos para hacer efectivo el cumplimiento de la ley", afirmó la funcionaria, que habló tras ser consultada por la prensa sobre los pasos que tomará el gobierno para enfrentar las declaraciones desafiantes del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, que anteayer señaló que no ve razones para aplicar la nueva ley.

"Lo que está ocurriendo en Murcia y Navarra es más propio de un partido marginal o antisistema que uno con aspiraciones de gobierno", dijo Aído, en referencia al PP, que gobierna en ambas comunidades y pretende suceder a Rodríguez Zapatero en el gobierno nacional.

Por otra parte, la ministra, una de las figuras del gabinete más cuestionadas por los "populares", intentó llevar un "mensaje de tranquilidad" a las españolas que deseen abortar, ya que, dijo, "la norma se está cumpliendo con total normalidad en la mayoría de las comunidades".

Interrupción

"El servicio no se lleva a cabo en los hospitales públicos murcianos", dijo, sin embargo, una fuente de la Consejería de Sanidad de esa provincia, y confirmó que las cinco clínicas privadas que realizan este tipo de intervenciones en Murcia han interrumpido la ejecución de abortos debido a la suspensión de la nueva ley. Este distrito es el que más abortos tiene en España, con una tasa de 16,59 casos por cada 1000 mujeres.

La vocero ratificó, además, que derivará a centros hospitalarios de otras comunidades a las mujeres de esa región que decidan abortar

En tanto, Valcárcel ayer recibió nuevas críticas por encabezar la rebelión.

Desde la oposición murciana, José Antonio Pujante, de Izquierda Unida, calificó de "intolerable e inaceptable" la actitud del presidente murciano de desacatar la ley.

"Su deber es cumplir la ley, le guste o no, porque se trata de una obligación legal, más allá de la política", dijo Pujante.