MADRID.- En medio de un creciente malestar, el gobierno español aumentó ayer la presión sobre Venezuela para que actúe en la investigación sobre los supuestos entrenamientos de ETA en ese país, mientras un equipo de policías españoles interrogará en Colombia a nueve ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que detallen sus vínculos con el grupo separatista vasco.

La tensión entre Venezuela y España quedó en evidencia ayer cuando el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero reclamó una "respuesta" de las autoridades venezolanas al pedido de ayuda para investigar la presunta presencia de miembros de ETA en ese país para recibir instrucción militar.

"Las declaraciones de dos presuntos miembros de ETA [sobre el entrenamiento en Venezuela] para el gobierno tienen los suficientes indicios como para que se tenga que investigar, y que el gobierno de Venezuela nos dé una respuesta", declaró el mandatario español durante una entrevista con Telecinco.

"Si están en Venezuela, los vamos a traer de Venezuela, y si están teniendo alguna cobertura en algún ámbito social, la dejarán de tener, y eso se consigue cooperando con el gobierno de Venezuela, como con todos los gobiernos", insistió Zapatero, que cerró con una velada advertencia. "Ningún terrorista puede sentirse más o menos libre en ningún país, y eso exige por nuestra parte cooperación con todos los gobiernos, también con el de Venezuela, donde ningún etarra va a estar ni cómodo ni tranquilo: va a ser perseguido."

La presión del gobierno español sobre las autoridades venezolanas había comenzado horas antes en un diálogo que el canciller español, Miguel Angel Moratinos, mantuvo con el embajador venezolano en España, Isaías Rodríguez, en la que le exigió una "actuación inmediata y concreta" luego de que dos presuntos etarras confesaron el lunes pasado haber sido adiestrados en 2008 en Venezuela por otro etarra residente allí desde hace años y cuya extradición reclaman las autoridades españolas.

Arturo Cubillas, el etarra de 46 años reclamado por España en tres causas de asesinatos y que presuntamente instruyó a sus dos compañeros en el uso de armas y explosivos en la selva venezolana entre julio y agosto de 2008, es funcionario del Ministerio de Agricultura de Venezuela, país en el que reside desde 1989.

Interrogatorios

Además de los reclamos diplomáticos, España envió ayer a Colombia un equipo de policías que interrogará en Bogotá a nueve ex guerrilleros de las FARC para que detallen sus vínculos con ETA.

El juez Eloy Velasco, que investiga desde marzo la alianza entre ETA y las FARC bajo el presunto amparo del gobierno de Hugo Chávez, ordenó que los agentes se entrevistaran con los guerrilleros desmovilizados, para comprobar si son capaces de identificar a etarras y situarlos en algún campamento de las FARC.

Caracas siempre negó la relación entre ETA y las FARC, que en marzo pasado provocó un incidente diplomático entre España y Venezuela. Chávez también rechazó la declaración de los etarras.

Según las autoridades venezolanas, unos 30 vascos llegaron al país en calidad de refugiados políticos en varias etapas entre 1984 y 1993. Desde mediados de la década de 1990, España ha reclamado la extradición de algunos de ellos. No obstante, por falta de pruebas, Venezuela ha rechazado las solicitudes españolas.