Mientras los funcionarios públicos españoles se aprestaban ayer para comenzar hoy las protestas contra el recorte salarial, y las encuestas le siguen dando una baja de su popularidad, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo ayer implementará un alza de impuestos que afectará principalmente a las rentas más altas del país para ayudar a reducir el elevado déficit público, aunque no quiso dar precisiones ni plazos sobre estas medidas.

“No voy a dar detalles porque no es lugar ni el momento para anunciar qué normas y circunstancias pueden ser las que configuren ese esfuerzo que vamos a pedir a los que más tienen”, dijo Zapatero, en el marco de la Cumbre UE-Comunidad Andina que se celebra en Madrid.

Una portavoz del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) dijo que su organización no va a calificar estas declaraciones hasta que no se conozcan más detalles de las posibles medidas.

Según el diario español El Mundo, el gobierno podría estar estudiando recuperar el impuesto al patrimonio que lo había suspendido en 2008 y que se aplicaba a los patrimonios superiores a un millón de euros.

Expertos citados por el diario español señalaron que aplicarlo sólo a las grandes fortunas, aquellas con patrimonios individuales netos superiores a 1,5 millones de euros -unos 47.600 contribuyentes-, permitiría recaudar 1.240 millones al año adicionales.

Aunque el gobierno de Zapatero ya subió los impuestos al tabaco y los combustibles en junio, podría estar considerando un nuevo incremento de los tributos especiales, que incluyen también los que se aplican al alcohol, agregó El Mundo.

Más allá de los impuestos a los más ricos, el gobierno español anunció que el plan de obras públicas, que en enero ya sufrió un recorte de 1.700 millones de euros por ajustes presupuestarios, se reducirá en al menos 1.500 millones de euros (u$s 1.849 millones) más en el 2010.

Los sindicatos, que hace tiempo vienen exigiendo una reforma fiscal que luche contra el fraude y la economía informal, se han manifestado en contra del plan de ajuste. CCOO, uno de los dos sindicatos mayoritarios españoles, no descarta acudir a los tribunales por la rebaja de salarios a los empleados públicos que el presidente del Gobierno anunció la semana pasada dentro de su plan de austeridad para acelerar la reducción del déficit público, dijo la portavoz.

El plan de ajuste pretende recortar 15.000 millones de euros de déficit en dos años mediante la reducción de la inversión pública, un recorte medio del cinco por ciento en el sueldo de los funcionarios y la congelación de las pensiones en 2011.

El recorte en el sueldo de los funcionarios provocó una convocatoria de huelga en el sector público por parte de los principales sindicatos para el próximo 8 de junio y reabrió el debate sobre la posibilidad de una huelga general.

El plan también causó malestar entre los ciudadanos y afectó la popularidad del gobierno, según mostraron una serie de encuestas publicadas por la prensa este fin de semana.

España ha sido duramente castigada en los mercados de deuda y renta variable por su elevado déficit público -del 11,2% del PIB en 2009.