Por: Ricardo Kirschbaum.La presunción de inocencia es una garantía constitucional central establecida en la Constitución. Salvo en casos especiales, como en la acusación por enriquecimiento ilícito, la inversión de la prueba es una gruesa violación de los derechos individuales.
La Justicia determinará quién es el responsable de que algunos departamentos del juez se alquilaran para ejercer la prostitución y si eso constituye delito. O es una cuestión ética.
El caso ha disparado actitudes duales que ponen al oficialismo en apuros para explicarlas, porque lo que se reclama para unos se ha negado sistemáticamente a otros . Como decía Perón (al que hace tiempo tratan de esconder): “A los amigos todo, a los enemigos ni justicia”.
Zaffaroni ha recibido numerosos apoyos desde distintos sectores por su valiosa trayectoria académica , sobre todo de personalidades y organizaciones ligadas al kirchnerismo. Estas últimas denuncian una campaña “mediática” para afectar el capital simbólico del oficialismo, Hebe de Bonafini y Zaffaroni. El candidato a vicepresidente Amado Boudou ha comparado el caso del juez con el de Schoklender , con quien el ministro de Economía también tuvo trato. La comparación refleja no sólo el pobre nivel político de Boudou sino que expresa de manera brutal el pensamiento oficial frente a cualquier tema que pudiera afectarlo , como lo es el uso privado de dinero público en la presunta estafa de la Fundación de Las Madres. Zaffaroni debería decirle a su amigo Boudou que no lo defienda más .
Las acusaciones gravísimas que realizan funcionarios del Gobierno a diario, conducta que también ha exhibido por cadena nacional la propia Presidenta, trituran olímpicamente la presunción de inocencia y se burlan del estado de derecho que se dice defender.
Esa doble conducta es repudiable. Y lo es en todo momento y circunstancia, sin torpes oportunismos como los que se exponen ahora frente al caso Zaffaroni.


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