El juez federal Pedro Zabala sobreseyó a seis médicos de distintos hospitales públicos de la provincia, que habían sido indagados con relación a una causa por narcotráfico en perjuicio de una mujer santarroseña adicta a la morfina.
En la extensa resolución de casi 90 carillas, se resolvió la situación procesal de todos los involucrados en la causa que, iniciada en noviembre de 2009 a instancias del comisario Luis Correa, se derivaba de una causa anterior -con la misma víctima- en la que se encuentra imputado por suministro irregular de morfina el médico Fabio Romero.
Los médicos Daniel Roque Pignatta, Marcela Alejandra Pedetti, Aurora Margarita Frías, Daniel Antonio Rodriguez, Ariel Alejandro Paladini y Fernando Pablo Andreatta, habían sido indagados por cuanto en la investigación se detectó que parte de la droga suministrada había sido comprada en farmacias, mediante recetas aparentemente extendidas por ellos.
El hecho de que se los sobresea sin antes haberse dictado la falta de mérito -como suele ocurrir- denota una fuerte convicción del magistrado sobre su inocencia. En el caso de Pignatta, Pedetti y de una de las recetas atribuídas a Frías, se detectó que las firmas de los médicos habían sido adulteradas. Respecto de Frías (en otros tres casos), Rodriguez, Paladini y Andreatta, el sobreseimiento se basó en la convicción de Zabala de que su conducta no encuadraba en ningún tipo delictivo.
Lo que se tuvo por demostrado es que las recetas que no estaban adulteradas, habían sido solicitadas por María Isabel Ibarra -enfermera de Salud Pública- aprovechándose de su relación de confianza con los médicos, a los que engañó con distintos artilugios.
El caso paradigmático es el del doctor Paladini, director del hospital de Colonia Barón, a quien le solicitó la extensión de una receta en medio de una emergencia médica -una paciente grave que debía ser trasladada urgentemente a General Pico- aduciendo que un tío de la propia Ibarra, enfermo de cáncer y residente en la zona rural próxima, se estaba "retorciendo de dolor" por la falta del poderoso analgésico.
Otras dos personas acusadas del delito de suministro irregular de morfina -Ida Amalia Quiroga y la enfermera Elsa Raquel Gonzalez- fueron también sobreseídas por considerar el juez que el delito denunciado no existió.
En la parte final de su resolución, Zabala dispone comunicar lo decidido a Salud Pública y al Colegio Médico de la provincia. Las autoridades provinciales tendrán interés en conocer la situación procesal de los profesionales que ha contratado, y acaso deban revisar la seguridad del sistema de acopio y suministro de morfina, que esta causa judicial ha venido a cuestionar.
Cabe mencionar que en el mismo expediente están presos, con procesamiento firme por suministro oneroso de estupefacientes, Eva Nélida Arrieta y Raúl Eduardo Jaimes Guanchul.
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