Caleta Olivia (Corresponsal).- Alrededor de las 18 hs. del sábado, se llevó a cabo una nueva reunión de los ex ypefianos en el Centro de Jubilados "Alegría de Vivir". La reunión estuvo nucleada en relación al viaje último a Capital Federal para reunirse con todos los representantes del país.

En relación a ello, uno de los referentes de la localidad del norte santacruceño, Juan Carlos Echeverría, afirmó que de no haber respuesta favorable a la sanción de la ley número 2500, que trata sobre el pago de la deuda contraída por la ex YPF, se tomarán medidas extremas en todo el país. El plazo máximo de los ex ypefianos sería hasta el ocho marzo del corriente año.

Por su parte, Juan Carlos Echeverría afirmó que durante su estadía en la ciudad capital se entregó una nota firmada por todos los representantes de los ex ypefianos del país, dirigida a los legisladores para la aprobación del proyecto de ley 2500. "Esperaremos hasta el día nueve de marzo, de no tener una afirmativa a nuestro justo reclamo, saldremos a cortar las rutas de ser necesario".

Por otra parte, los referentes locales afirmaron que se mantuvo una reunión con los senadores nacionales Ernesto Sanz, Miguel Angel Pichetto y diputados de distintas bancas.

El proyecto de ley 2500 fue presentado en el mes de mayo de 2009, pero la deuda que tiene el Estado para con los ex agentes de YPF data de junio de 1997.

Vale destacar que la deuda, reconocida por la Justicia mediante varios fallos a favor, es considerada por muchos políticos y legisladores "un reclamo histórico justo y legítimo", sin embargo, para los 30 mil ex trabajadores de esta empresa en su época estatal se convirtió en un pedido que incluso los dividió y les hizo perder toda esperanza de un resarcimiento merecido.

Para los ex agentes, la deuda que tiene el Estado nacional con cada uno es de $ 220 mil más los intereses generados desde el año 1997, lo que representaría una cifra cuantiosa que ascendería a $ 6.600 millones. Sin embargo, conscientes de que el Estado "tiene graves problemas de caja", según coinciden desde casi todas las agrupaciones y funcionarios, lo adeudado se vuelve un "valor impagable".