MADRID.- Acorralado por el escándalo y en riesgo de quedar al margen de la familia real española, Iñaki Urdangarín no espera de la mejor manera la llegada de 2012.

En las primeras semanas del año próximo, el duque de Palma y yerno del rey Juan Carlos I deberá rendir cuentas ante la justicia sobre la presunta malversación de cerca de 6 millones de euros, provenientes de las arcas públicas españolas.

Según informó ayer el diario El País, los investigadores judiciales citarán a Urdangarín en calidad de imputado al finalizar el análisis de la documentación que probaría su participación en la trama de corrupción conocida como "caso Palma Arena".

El esposo de la infanta Cristina, séptima en la línea de sucesión al trono de España, está acusado de desviar fondos recibidos del gobierno de las islas Baleares, por 2,3 millones de euros, y del ayuntamiento de Valencia, por 3,7 millones, en favor de un organismo no gubernamental que presidió entre 2004 y 2006. Bajo la tutela del duque de Palma, el Instituto Noós organizó en esos tres años una serie de congresos sobre "ciudad y deporte" por los que, de acuerdo con la fiscalía, se cobraron sobreprecios al Estado que les dejaron beneficios de un 170% sobre el costo de aquellos eventos a Urdangarín.

Estas irregulares ganancias del ente sin afán de lucro fueron compartidas, de acuerdo con la investigación, con el socio del duque, Diego Torres, la esposa y dos cuñados de ese empresario, que ya fue imputado hace seis meses.

A pesar de que la justicia dejó fuera de las citaciones a la infanta Cristina, una de las líneas de la investigación también afectaría a la hija del rey. La empresa de servicios inmobiliarios Aizoon, cuya propiedad comparte con el duque, aparece en la lista de las entidades que recibieron esos dineros públicos desviados por el instituto Noós. Según la fuente, la compañía percibió 275.000 euros en 2005.

No obstante, la infanta no deberá comparecer ante los tribunales españoles, dado que, desde el punto de vista de la fiscalía, no forma parte del núcleo duro de la toma de decisiones de la supuesta organización delictiva.

La presunta apropiación de fondos estatales habría sido posible gracias a que el Instituto Noós tenía "el mismo domicilio real" y compartía empleados con otras empresas privadas que pertenecen a Urdangarín, Torres y sus familiares.

Este sistema, en el que los empleados desempeñaban tareas para el Instituto Noós aunque resultaran contratados por cualquiera de las otras empresas, era aparentemente una de las formas habituales para concretar el desvío del dinero.

Se estima que tanto el duque de Palma como Torres habrían obtenido una ganancia neta de 1,5 millones de euros sobre los 2,3 millones cobrados al gobierno balear de Jaume Matas, sólo por la organización de sendos congresos que duraron dos jornadas cada uno. En ese contexto, según El País también se analiza el egreso de más de medio millón de euros del Instituto Noós, que habría sido girado a paraísos fiscales.

Blindaje

La noticia de la imputación judicial de Urdangarín se conoció el mismo día en que la Casa Real admitió que "estudia" la posibilidad de limitar el círculo de la familia real borbónica al monarca y a su esposa, la reina Sofía, a los príncipes de Asturias y a sus hijas. Con esta medida, el noble y su esposa, la infanta Cristina, quedarían excluidos de ese privilegio.

La Casa Real aclaró que esta nueva delimitación se evalúa "desde hace tiempo", por lo que sugirió que este supuesto "blindaje antiescándalo" es ajeno al caso Palma Arena.

Pero al mismo tiempo desnudó el criterio que se implantaría el año próximo para marcar las gruesas fronteras de ese círculo: sólo pertenecerán a la familia real aquellos que vivan sólo del presupuesto estatal destinado a la Corona, según lo establecido por la Constitución de 1978. Lo que no quedó claro es si los actuales miembros de la familia real que no viven exclusivamente del Estado, como los duques de Palma, continuarán percibiendo parte de los 8,4 millones de euros asignados en el presupuesto 2011 para la corona.

Todo parecería indicar que el golpeado Urdangarín, reconocido como un alto ejecutivo en el sector de las telecomunicaciones, y ex jugador del seleccionado de handball español, se inclinaría por recluirse en la actividad privada y evitar mayores daños a la familia real.

En este sentido, ayer circularon versiones acerca de que su mujer seguiría el mismo camino. La infanta, a partir de la imputación de su esposo, renunciaría a su remuneración estatal y declinaría su participación en actos oficiales.

Así, dejaría de gozar de su derecho a la sucesión al trono, aunque no perdería su condición de infanta. Ni por el hecho de haber sido el primer miembro de la realeza en quedar salpicado por un escándalo durante el reinado de Juan Carlos I..