El Senado aprobó la iniciativa que busca incrementar el número de hectáreas destinadas a este producto. El objetivo es que Corrientes pueda satisfacer la demanda de esta materia prima que tienen las industrias radicadas en nuestra provincia sin depender de Misiones.
La iniciativa, ahora convertida en legislación, conocida como la "ley yerbatera" busca incrementar la producción en suelo correntino para satisfacer la demanda industrial de la provincia. Para ello se necesita, como mínimo, duplicar el territorio dedicado a la cosecha de la yerba,
para lo cual la ley estipula una serie de exenciones impositivas y financiamientos para los productores que encaren ampliaciones de los yerbales existentes, y los empresarios que incorporen nuevos eslabones en la cadena de industrialización o que amplíen los existentes. El texto de la legislación aprobada ayer deja en claro que los beneficios serán efectivos únicamente si se aumenta el volumen productivo de la yerba mate.
El proyecto es autoría de la diputada Silvia Recalde, oriunda de Gobernador Virasoro, epicentro de la producción y la industrialización de la yerba en nuestra provincia. La legisladora le comentó a "época" que la iniciativa surgió de los propios emprendedores correntinos quienes se sintieron amenazados por una serie de medidas que los misioneros deseaban implementar.
En la actualidad, Corrientes cuenta con unas 20.000 hectáreas implantadas que producen 40.000 toneladas anuales.
Para poder satisfacer la demanda de las industrias en nuestra provincia se necesita duplicar el territorio cosechado y, por consiguiente, el total del producto logrado.
"De todas maneras, el incremento de la producción será a mediano y largo plazo. Se necesitará, por lo menos, cinco años para observar los beneficios de la ley", comentó Claudio Anselmo, representante de Las Marías.
Es decir, la necesidad de materia prima para su proceso de industrialización en suelo correntino es tal, que la cosecha en nuestra provincia sólo alcanza a cubrir el 50% de lo necesario. El resto es adquirido a los productores misioneros.
Sin embargo, el Gobierno misionero respaldó el proyecto de "envasado en origen", hoy frenado en la Justicia. A través de esa iniciativa se buscaba que la materia prima cosechada en la vecina provincia sólo pueda salir de ese territorio en paquete y lista para su comercialización. Ello perjudicaría notablemente a las empresas radicadas en suelo correntino que no podrían contar con el producto para su industrialización.
"Si hubiera entrado en vigencia, hoy nuestra empresa no tendría materia prima para industrializar", le dijo Biale a "época". La Cooperativa Agrícola Colonia Liebig y Las Marías son las dos principales firmas yerbateras en suelo correntino. Ambas requieren de materia prima misionera para completar los distintos procesos de la cadena productiva.
El representante de Corrientes ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Esteban Fridlmeier, dijo que el objeto de la legislación aprobada ayer es la protección de la industria yerbatera de nuestra provincia ante la eventual aplicación de la ley de "envasado en origen", que fuera sancionada por el parlamento misionero en 2008.
"Es una forma de resguardar los intereses del sector yerbatero, también el de los trabajadores porque si el "envasado en origen", se perderían cientos de puestos de trabajo", le apuntó Fridlmeier a "época".
El "envasado en origen" fue cuestionado judicialmente y llegó hasta la Corte Suprema. El máximo órgano de la Justicia argentina hizo lugar a una medida cautelar y la legislación misionera frenó la vigencia de la ley misionera.
Sin embargo, no fue la única iniciativa que los misioneros intentan llevar a la práctica. La "cupificación" también perjudicaría a los industriales correntinos. A través de ella se pretende establecer el número de hectáreas y los kilos cosechados de la yerba.
"Los misioneros dicen que hay un exceso de la oferta pero no es cierto", comentó Biale. Es que, mientras en la vecina provincia sobra la materia prima, en la nuestra escasea.
Para que la "cupificación" entre en vigencia se necesita del aval del INYM y de la Secretaría de Agricultura de la Nación. "Con la ley aprobada buscamos que ambas instituciones frenen cualquier tipo de ‘cupificación’ porque esa iniciativa iría en contra de la legislación vigente", dijo Biale.
Con los peligros latentes del "envasado en origen" y de la "cupificación", los industriales correntinos dieron el empuje necesario para que primero se redacte la legislación y luego se la apruebe.
En Corrientes, el área productiva de la yerba es reducida y se limita sólo a los departamentos de Ituzaingó y Santo Tomé.
Sin embargo, la materia producida es de excelentísima calidad y supera a la que se logra en el Centro y Norte de Misiones.
Además de la necesidad de satisfacer la demanda de la industria local, año a año aumenta la venta de la infusión. Se estima que la yerba, considerado como artículo de primera necesidad, está presente en el 90 por ciento de los hogares argentinos y el producto industrializado se exporta a numerosos países extranjeros.
La empresa que más envasa en Corrientes es Las Marías, con unos 40 millones de kilos anuales, seguida por Cooperativa Liebig con 12 millones y Primicia con 6 millones.
El resto de las industrias en la provincia rondan entre 10 y 12 millones entre todas.
¿En qué consiste la legislación aprobada?
Entre las ventajas para productores e industriales correntinos que prevé la ley de régimen de promoción de inversiones y fomento de la producción de la yerba mate, se destaca la exención en el pago de impuesto inmobiliario de la superficie efectivamente ocupada por el yerbal implantado y la aledaña afectada al proyecto.
La legislación establece que dicha ventaja impositiva será efectivizada siempre que se trate de la instalación de nuevos proyectos agroindustriales y las ampliaciones de los existentes, que aumenten la oferta de la materia prima a través de la implantación de nuevos yerbales.
También estarán exentos del impuesto sobre los Ingresos Brutos los ingresos derivados de la actividad ejercida con relación a las etapas productivas, industriales y de comercialización.
Estarán exentos el pago del Impuesto de Sellos, tanto para el otorgante como para el receptor, la aprobación de estatutos y celebración de contratos sociales, contratos de fideicomisos, reglamentos de gestión y demás instrumentos constitutivos y su inscripción, cualquiera fuere la forma jurídica adoptada para la organización del emprendimiento, así como su modificación o las ampliaciones de capital y emisión y liberalización de acciones, cuotas partes, certificados de participación y todo otro título de deuda o capital.
Tal exención también alcanza a los contratos que formalicen la transferencia del dominio fiduciario de inmuebles que se instrumenten con el fin de constituir un fideicomiso cuyo objeto sea un emprendimiento yerbatero.
El capítulo III del proyecto legislativo prevé la conformación de un Fondo Fiduciario que contaría con participación del Estado provincial y aportes de organismos nacionales e internacionales de crédito y fomento de la inversión.
Según el texto de la iniciativa que ayer consiguió la media sanción legislativa faltante, los montos logrados serán destinados a financiar los proyectos comprendidos en el régimen de promoción, es decir, la implantación de yerbales, su mantenimiento, el manejo, el riego, la protección y la cosecha de los mismos. También se incluyen actividades de investigación y desarrollo, así como las de industrialización de la yerba, cuando el conjunto de todas ellas formen parte de un emprendimiento yerbatero o una producción industrial integrada.
El texto también señala que quienes pretendan financiarse a través del Fondo Fiduciario deberán presentar un proyecto de inversión avalado por profesionales competentes. El mismo será evaluado -y aprobado si correspondiese- por una comisión integrada por un representante del fiduciario (Banco de Corrientes SA), un representante del Ministerio de la Producción y un representante del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Según el texto de la norma aprobada, esta Comisión Evaluadora deberá priorizar los proyectos de los pequeños productores yerbateros, reduciendo los requisitos a lo mínimo indispensable para poder acceder a la financiación.
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