En medio de la confusión institucional que afecta a Yerba Buena se coló un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que, a priori, fortalece la postura del radical Rodolfo Aranda.

La Sala II de ese fuero, integrada por los camaristas Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, rechazó por inadmisible el recurso de inconstitucionalidad que había interpuesto el edil opositor Benjamín Zelaya, como presidente del Concejo Deliberante, en contra la sentencia N° 511, del 11 de septiembre.

Aquel fallo emplazó al Concejo a cesar en su omisión arbitraria e injustificada y, en el plazo de 10 días hábiles y siguiendo el debido procedimiento, a proceder a examinar con razonabilidad los títulos de Aranda y a verificar si reúne las condiciones requeridas para ser concejal de Yerba Buena.

Esa decisión dictada con los votos de Novillo y de Horacio Castellanos -Giovanniello se pronunció en disidencia- había quedado en suspenso tras la presentación de Zelaya, quien pretendía que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán se involucre en el conflicto. Zelaya, no obstante, aún puede insistir mediante la presentación de una queja ante la Corte.

La admisibilidad de la impugnación fue examinada por quienes emitieron el fallo, y concluyeron que no correspondía hacer lugar al reclamo de Zelaya. “Para interponer un recurso extraordinario de inconstitucionalidad provincial -con la pertinente admisibilidad procesal- resulta indispensable que la sentencia que se impugna haya sido dictada en una causa en la que se hubiere controvertido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos que estatuyeran sobre materias regidas por la Constitución de la Provincia; que dicha cuestión constitucional hubiera formado la materia principal de una discusión entre las partes, y que el fundamento con que se decidiera dicha cuestión constitucional hubiera tenido una relación directa e inmediata con disposiciones de la Constitución de Tucumán”, refutaron.

Y agregaron que nunca estuvo bajo análisis la constitucionalidad o no de ciertas normas, sino la demora del Concejo en analizar las condiciones de Aranda para asumir como concejal. “La sentencia dictada por este Tribunal colegiado se ha fundado en la necesidad jurídica de que se cumpla plenamente el ejercicio primario de una obligación verificatoria, ante la comprobación de que apartándose de la resolución N° 1.190 y excediendo razonables pautas de arbitrio temporal las autoridades del Concejo Deliberante han eludido definirse de manera injustificada o han rehusado pronunciarse sin razón valedera respecto al trámite del actor”, expresaron los jueces.

Otra judicialización

El fallo se firmó días después de que Aranda, que pugna por la banca desde hace más de un año, prestara juramento como concejal en una sesión iniciada por sólo cinco ediles.

El jueves, y luego de cuatro intentos fallidos de sesión por la ausencia de los cuatro ediles opositores, los peronistas Héctor Aguirre y Walter Aráoz, y los camperistas Marcelo Rojas, José Macome y Javier Jantus, dispusieron el inicio de una deliberación. Así, dispusieron que Aguirre -siendo el edil de mayor edad- presidiera la sesión y, luego, le tomara juramento a Aranda. Ya siendo seis en el recinto, reeligieron autoridades y colocaron a Aguirre como nuevo presidente, en reemplazo de Zelaya.

Esta sesión, no obstante, y la asunción de Aranda, fueron judicializadas por Zelaya y por Maximiliano García, Lucas Cerúsico y Pedro Albornoz Piossek. Consideran que sus cinco pares nunca tuvieron mayoría en el recinto para dar inicio a una sesión (el cuerpo está compuesto por 10 miembros). Este recurso de amparo y la medida cautelar con efecto suspensivo se tramitan en la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo.

Recurrirán en queja ante la Corte local

El cuarteto de opositores aseguró, mediante un documento, que la Justicia se inmiscuyó en otro poder del Estado con esta decisión, y aseguraron que recurrirán la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

“No causa ninguna sorpresa la resolución de la Sala II en lo Contencioso Administrativo al decidir no admisible el recurso de inconstitucionalidad, porque admitirían su propia torpeza al entrometerse en las facultades propias de otro poder generando una situación de gravedad institucional”, señala el texto que firmaron los radicales Benjamín Zelaya, Maximiliano García y Lucas Cerúsico; y el macrista Pedro Albornoz Piossek.

El recurso de inconstitucionalidad que había presentado Zelaya contra el fallo que emplazaba al Concejo a analizar los pliegos de Rodolfo Aranda tenía efecto suspensivo. Con el rechazo a ese planteo, al radical y sus aliados les queda aún la alternativa de insistir mediante la presentación de una queja ante la Corte Suprema. “Es la que tiene el control de constitucionalidad de los actos de los otros poderes”, justificaron ayer.

Luego, los opositores cargaron contra la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

“De este fuero se puede esperar cualquier cosa; es el mismo que declaró nulas las elecciones generales en Tucumán hace dos años y menos mal que este fallo luego fue fulminado y rechazado por la Corte Suprema de Justicia y avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros vamos a seguir defendiendo la autonomía municipal y la división de poderes y no vamos a permitir que se pretenda violentar el funcionamiento de los municipios consagrados en la Constitución”, cerraron Zelaya, García, Cerúsico y Albornoz Piossek.

Los cuatro acudieron a la Justicia penal y al fuero contencioso administrativo la semana pasada. En el primer caso, denunciaron al intendente Mariano Campero, a los ediles ligados a este y a la secretaria del Concejo, Blanca Alvillos, por presunto abuso de autoridad. En paralelo, interpusieron un recurso de amparo para que se declare nula la última sesión, que comenzó con cinco ediles y en la que se le tomó juramento a Aranda.