Una nueva estructura gubernamental aprobó ayer la Legislatura. Avaló otras dos secretarías de Estado, que serán Trabajo y la Función Pública, además de redistribuir funciones entre los ministerios.

Gobierno perdió a Trabajo y Derechos Humanos. La primera secretaría dependerá del gobernador y la segunda de Educación.

A las competencias de la Secretaría General, que recibe la fusión de Información y Coordinación, se le agregó el entendimiento con los entes de desarrollo del interior de la Provincia.

Producción heredó de Economía la administración de fondos internacionales, para lo cual quedó facultada para intervenir en la gestión y ejecución de los organismos financieros internacionales como el Programa de Apoyo a la Modernización Productiva que solventa el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También entenderá en las ejecuciones de políticas de inversión extranjera como el Banco Mundial.

La informante del oficialismo durante la sesión de ayer, Ana Piccinini, destacó que las modificaciones facilitarán la participación en el gabinete de los secretarios de Medio Ambiente, Trabajo y Función Pública. Explicó que la asignación de Derechos Humanos a Educación servirá para la "protección de los derechos y garantías de los ciudadanos".

Su colega Rubén López, de extracción gremial, saludó los cambios en virtud de que hará "más ágil" al organismo laboral que en la actualidad "llega tarde a las inspecciones" cuando existe una denuncia de por medio.

Antes de darse curso favorable al texto, el radicalismo solicitó ampliar facultades a Trabajo alegando que esta dependencia debe tener el ejercicio exclusivo en la capacidad de juzgamiento y sanción de infracciones laborales para evitar la superposición con los operativos nacionales. Sin embargo, el oficialismo consideró innecesario el cambio. Para un nuevo debate, el oficialismo -a través de López- anticipó que en algún momento el organismo laboral deberá transformarse en ministerio.

Fiscalía de Estado

Además, el Parlamento otorgó más funciones y atribuciones a la Fiscalía de Estado. Serán las de emitir dictamen en todos los casos de disposición de bienes estatales, intervenir en todos los asuntos relacionados con concesiones de servicios, licitaciones y de obras públicas, transacciones extrajudiciales; entre otros trámites. Se ratificó que el titular del organismo y sus abogados no pueden cobrar honorarios de su representada -la Provincia- cuando sea condenada en costas o las tomare a su cargo en virtud de transacción judicial o extrajudicial. Cuando la Fiscalía actúe por la parte demandada o tercera citada a juicio y en el supuesto de costas a cargo de la contraria, el 50 por ciento de los honorarios se distribuirán entre el gestor directo del juicio y su patrocinante, y el otro 50 por ciento, entre el personal restante de la Fiscalía que cumpla funciones bajo la dependencia del Fiscal.

Al momento de discutirse esta iniciativa, Piccinini fundamentó la necesidad de plantear cambios sentenciando que "si los órganos de control hubieran actuado y los hombres que lo encabezaban hubieran honrado esos cargos, nosotros no hubiéramos entrado en la etapa más terrible de Río Negro en cuanto a corrupción y disposición mundana por parte de los funcionarios del gobierno de Miguel Saiz". Puso como ejemplo dos casos que terminaron en la Justicia penal como los sobresueldos y Flavors, y lanzó duras críticas contra el ex fiscal Alberto Carosio por obstruir investigaciones judiciales. Desde la oposición, Betelú le rechazó los cuestionamientos aunque demostró la posición favorable de su bloque.