El gobernador explicó que lo hará para evitar que una posible pérdida del juicio entablado por CAPSA provoque un vacío en la capacidad de regulación y control de la concesión del Cerro. Aclaró que no implica “reclamar” la potestad sobre el Catedral, ya que “la provincia de Río Negro no tiene intención alguna de volver hacia atrás con lo que es la propiedad y concesión de Bariloche”.
La firma que explota los medios de elevación reclamó en Tribunales que el cambio de actor concedente en el contrato, genera una modificación de las condiciones que la unían a la Provincia, y desconoció al municipio como interlocutor válido.
En caso que la Justicia avale ese planteo, el Ente Autárquico Municipal Fiscalizador de la Concesión del Cerro Catedral (EAMCEC) no tendría facultad para controlar a la empresa, ni motorizar proyectos de desarrollo en el área Catedral.
En ese marco, el ministro de Turismo Ángel Rovira Bosch anticipó que ese Ente municipal podría ser reemplazado por un recreado ENRECAT, con preminencia provincial.
La situación generó tirantez entre los gobiernos Provincial y Municipal, al punto que el lunes por la noche, durante una comunicación telefónica, el Intendente, Omar Goye, y la Presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Martini, diagramaron una estrategia común de abordaje del tema, y coicidieron en plantear su “rechazo” a cualquier retroceso en la municipalización.
El gobernador Weretilneck aclaró que la participación provincial no implica “desconocer o no respetar que la explotación del Cerro es un anhelo histórico y un derecho de los habitantes de Bariloche”.
El mandatario confirmó -tal como informó este medio- que el Fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, se reunió con Goye con la “finalidad de encontrar un acuerdo conjunto a la luz del diferendo” judicial planteado por la empresa CAPSA.
“Si la participación de la provincia en un Ente de Desarrollo y Control sirve para poner fin a dicho diferendo judicial, gustosamente se aceptará el desafío”, señaló el Gobernador rionegrino a través de una gacetilla oficial.
Weretilneck profundizó ante ANB que se “debe crear una red que impida que un posible revés judicial nos deje sin capacidad de fiscalización de la concesión”. (ANB)
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