El gobernador Alberto Weretilneck reactivó los procesos de designación para cubrir antes de que termine marzo las vacantes generadas por las renuncias de los jueces Luis Lutz y Alberto Balladini en el Superior Tribunal de Justicia.

Por estas horas la Secretaría Legal y Técnica analiza el mecanismo para reemplazar a Lutz. El área a cargo de Nicolás Rochás evalúa si corresponde continuar con el procedimiento abierto a fines del año pasado –congelado por la proximidad del cambio de gobierno– o bien debe lanzarse una nueva convocatoria.

"De una forma u otra, el objetivo es que antes de que a fines de marzo esté normalizada la estructura del STJ", instruyó Weretilneck a sus funcionarios, según pudo conocer ayer este diario.

El primer paso que debe dar el gobernador para resolver los nombramientos es convocar al Consejo de la Magistratura "Grande", que integran junto a él 12 legisladores y 12 representantes de los cuatro colegios de abogados de la provincia.

La decisión de paralizar el proceso para reemplazar a Lutz se tomó el 31 de octubre, cuando sólo restaban las audiencias públicas con los aspirantes a esa vocalía en el STJ. Los postulantes son los abogados barilochenses Rodolfo Rodrigo, Raúl Ochoa y Enrique Mansilla; los roquenses Sergio Barotto y Richar Gallego, el cipoleño Edgardo Albrieu y la abogada jacobacina Marcela Basterra. Esta última, propuesta por el ex gobernador Miguel Saiz, fue impugnada por su actual residencia en Buenos Aires.

Para ocupar el cargo de Balladini hay que empezar desde cero. Eso implica que en una reunión del Consejo "Grande" los interesados en postularse consigan el respaldo de por lo menos el 25% de los 25 consejeros (7 ó más) o del gobernador, para avanzar luego hacia la apertura del período de impugnaciones. Ese encuentro inicial ya debería haberse realizado, porque a Balladini le aceptaron la renuncia el 21 de noviembre y la Ley 2434 establece que el Consejo debe ser convocado dentro de los 30 días corridos posteriores al momento en que se produce la vacante.

Resueltas todas las cuestiones preliminares, deben realizarse las audiencias públicas correspondientes y la posterior votación.

La exigencia autoimpuesta por Weretilneck de culminar el proceso antes de que empiece abril generará seguramente una actividad intensa para los consejeros durante las próximas semanas.