La sanción del Decreto 1.277, que centraliza en el Estado Nacional el control absoluto de toda la cadena del negocio petrolero, produjo un convulsión en las provincias productoras. Hay un intenso debate entre las posiciones dialoguistas y quienes evalúan ir a la Justicia.

El gobernador Alberto Weretilneck salió a respaldar la norma al considerar que busca que todas las provincias afinen una sola estrategia con el Ejecutivo central.

“En lo personal no me parece mal, creo que el país tiene que tener una única estrategia alrededor del gas y del petróleo, y no una serie de políticas individuales que no le hacen bien y de hecho, no le han hecho bien al país”, sostuvo el mandatario rionegrino a LU19.

“Sin lesionar la autonomía provincial, creo que el decreto es coherente con lo que está haciendo la presidenta Cristina Fernández desde principios de año, cuando planteó que desde Nación en conjunto con las provincias, vamos a resolver el déficit energético que tiene el país”, indicó.

Recordó que el primer paso y punto de partida para la recuperación de hidrocarburos fue la nacionalización de la empresa YPF y argumentó que “lo que busca el decreto, es que se cumpla con las concesiones, inversiones, producción y demás”.

“Este año la Argentina va a necesitar casi 10.000 millones de dólares para poder abastecerse de energía, de petróleo y de gas, para el funcionamiento del país. Esto es producto de la desinversión que ha habido por parte de las empresas productores de petróleo y de las mismas provincias”, subrayó.

En relación a la nueva normativa, Weretilneck manifestó el respaldo de Río Negro porque indicó que la filosofía del decreto es la búsqueda de mayor producción y que las empresas cumplan con las provincias. “Después veremos la implementación que habrá por parte del gobierno nacional, pero es una cuestión para dialogar”, añadió.

A la Justicia

En la vereda opuesta, el intendente neuquino Horacio Quiroga aseguró que el decreto “es inconstitucional y es un atentado contra el federalismo”, y reclamó al gobernador Jorge Sapag “que asuma un rol protagónico en defensa de los intereses de la provincia”.

Dijo que le pedirá una reunión al Fiscal de Estado, Raúl Gaitán, para que “en representación de todos los neuquinos, presente un recurso judicial por inconstitucionalidad”.

“Este ataque al federalismo no admite silencios ni posturas dubitativas”, remarcó Quiroga. Y agregó que con esta norma, la Nación “demuestra sus verdaderas intenciones de avanzar de manera ilegítima sobre los derechos que tienen las provincias productoras sobre sus recursos”. Consideró que “es una violación clara a lo que establece la Constitución Nacional a partir de la reforma del ’94".

Mientras que la Coalición Cívica-ARI presentó ayer un proyecto en la Legislatura mediante el cual insta al Ejecutivo Provincial a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad del Decreto 1.277. Y pide a Sapag que promueva en forma urgente una reunión de la Ofephi para tratar el tema.

“¿Cómo queda parado el prestigio del mismo gobernador, que viajó a importantes países del mundo, exhibiendo ante gobernantes y representantes de empresas de gran envergadura en la materia, el potencial hidrocarburífero del Neuquén, su infraestructura de servicios, la calidad de los técnicos y la fortaleza de su gobierno, si ahora debe notificar a los mismos interlocutores a los que les incentivó entusiasmo y entabló lazos de comunicación, que ha quedado fuera de la mesa de negociaciones?”, se pregunta el proyecto presentado por Beatriz Kreitman.