En la Legislatura provincial ya hay dos proyectos que se inmiscuyen en la renta minera de diversas maneras. Uno que apunta al negocio cuasi inmobiliario que se realiza cuando se venden las empresas, el de Selsa Hernández, y el otro que apunta a ingresar de lleno en la renta a partir de una asociatividad obligatoria de las empresas con Fomicruz. Ambos deberán sortear los planteos existentes en torno a la estabilidad fiscal y el cuestionamiento constitucional que existe en ellos.

Por otra parte, ya el diputado Roberto Fernández, al igual que lo había hecho antes el diputado Rubén Contreras, se mostró partidario de sancionar un marco regulatorio al estilo del que hoy está estudiando la provincia de Chubut. En ese punto el legislador de Puerto Deseado aseguró que ya está trabajando en el tema.

También el Gobierno, en las palabras del propio mandatario, aseguró que están ultimando dos iniciativas que apuntan a la actividad minera.

Una de las localidades que ha tenido un gran desarrollo de la actividad, además de Puerto San Julián, es Gobernador Gregores, con tres emprendimientos en la zona, uno de los cuales, Mina Martha, ya está en proceso de cierre, convirtiéndose en la primera en hacerlo en territorio provincial.

Al ser consultado sobre el tema, el jefe comunal señaló al móvil de LU 12 Radio Río Gallegos que “la minería ha pasado a jugar un rol fundamental en la economía de los pueblos mineros, es el caso de Puerto San Julián, Perito Moreno y Gobernador Gregores, y esto hay que aprovecharlo. Siempre he trabajado codo a codo con las mineras y he pagado costos altos por ello. Pero uno debe estar a la altura de las leyes que nos dicta nuestro estado de derecho”.

Para Vázquez, “en Santa Cruz la minería es posible, bajo las reglas que se deben cumplir y, a partir de allí, es posible y nosotros tenemos que trabajar en forma conjunta y sacarle el mejor provecho a la empresas radicadas en nuestra zona, y nosotros lo hemos hecho”.

De esta manera, el intendente gregorense aseguró que “tenemos que trabajar en un proyecto de ley que regule la actividad”, recordando que “se llevará a cabo el primer cierre de una mina en el país y no deberíamos tener inconvenientes”, por lo que sostuvo que, hoy “más que nunca hay que regular la actividad, para que cuando dejen 800 o 900 empleados no tengamos un problema social que no sabremos cómo resolver. Hay que hacer una planificación importante”.