El presidente de la bancada de la UCR, Roberto Risso, sostuvo que se trata de dos proyectos presentados el año pasado, uno para que el Estado «regule la transferencia de las acciones de las empresas concesionarias de los servicios públicos, en el caso de PAE se vende el capital accionario y el Estado no participa ni sabe qué está pasando, cumple el rol de un socio bobo».

Para el diputado, lo que debe hacer el Estado «es controlar, y autorizar y decidir si conviene o no autorizar la venta de las acciones, porque en definitiva cuando una empresa contrata con el Estado se tiene en cuenta quién es la empresa, por eso hay un registro de proveedores y además hay compromisos que se asumen». En este caso, señaló Risso que «se ha puesto en marcha la venta por más de 10 mil millones de dólares y el Estado no participa, ni opina, ni puede imponer condiciones ni recibir ningún beneficio, porque así como cobra regalías, PAE vela por nuestro petróleo».

Y agregó que la segunda ley que se propone tratar, apunta a que «deberíamos aprovechar esta oportunidad que nos da la suspensión de la operación, y es la ley que regula el vínculo entre las empresas concesionarias y las pymes locales, para defender las empresas locales», en referencia a la inestabilidad que presentan las contrataciones mensuales a las empresas por parte de la petrolera que no asume ningún compromiso a largo plazo. «No hay nada que justifique no hacerlo, porque vamos a ser responsables ante la sociedad cuando los problemas se planteen», señaló el diputado comodorense.

Esta iniciativa se volcó en una moción que fue votada y contó con el acompañamiento de la UCR, el ARI y el FPV, así como algunos diputados del PJ, pero no alcanzó la mayoría simple. Risso dijo luego que «se votó y estuvimos cerca, porque así como la sociedad se está dando cuenta que el contrato debe ser revisado, el gobernador electo Martín Buzzi habló de debatir un marco regulatorio, estamos cerca de corregir algo que se hizo muy mal».

Por otra parte, ayer la Cámara autorizó por mayoría aunque con las quejas de la oposición, dos autorizaciones al Poder Ejecutivo a contar con una prórroga en el plazo para contestar determinados pedidos de informe que habían sido aprobados en sesiones pasadas.

Se trata por un lado, de los estudios de impacto ambiental del proyecto minero de Cerro Solo en la meseta central, que debe ser contestada por el ministro de Ambiente, Juan Garitano. Y por el otro, la prórroga fue pedida por el ministro coordinador, Pablo Korn, y está referida a varios pedidos, uno vinculado al estado actual de los emprendimientos mineros, otro referido a las acciones tomadas para la zonificación del territorio, y el uso de agua de empresas mineras en la zona de la meseta central.

También pidió más plazo para responder sobre la creación del parque Marino Costero Patagonia Austral, así como también la nómina de buques con permisos de pesca provinciales, y el monto destinado al fondo Compensatorio a Víctimas de Delitos Dolosos Violentos y Contra la Integridad Sexual.