Las vueltas de la historia han hecho que la Argentina, que fue “el primer país del mundo que ha organizado y desarrollado en todas sus fases una empresa del Estado para la explotación del petróleo”, como escribió Arturo Frondizi en “Petróleo y Política”, decidiera entre 1991 y 1995 rematar ese patrimonio, por decisión de un presidente, Carlos Menem, que abrazó el programa neoliberal promovido en ese entonces por los presidentes Ronald Reagan (USA) y margaret Thatcher (Gran Bretaña).

El camino a esa privatización en realidad había comenzado en la dictadura cívico-militar del ’76.

No es casual que muchos identifiquemos el gran retroceso de nuestro país hasta el estallido del 2001/2002 con dos periodos de nuestra historia reciente. La política económica de Martínez de Hoz en primer lugar, que para su instrumentación requirió avanzar a sangre y fuego sobre las conquistas sociales, los militantes populares, los sindicatos y todos aquellos sectores, organizaciones e individuos que constituían un obstáculo para las políticas liberales y de sometimiento al capital financiero.

En segundo lugar, el Menemismo, la continuidad y profundización de las políticas puestas en marcha a partir del golpe del ’76. Porque más allá que uno fue un régimen totalitario y otro democrático las dos políticas tuvieron resultados catastróficos para el país, que pueden ejemplificarse en relación a la historia de YPF.

Antes del golpe del ’76 YPF presentaba una deuda importante, de poco más de 300 millones de dólares, pero manejable en función del rol que jugaba en el mercado petrolero y mucho más si teníamos en cuenta sus perspectivas de desarrollo y crecimiento.

Con la dictadura, y a través de 427 operaciones de endeudamiento, sus pasivos ascendieron al final del régimen militar a casi 6 mil millones de dólares.

Martínez de Hoz y sus Chicago’s boys decidieron el endeudamiento externo de la empresa, sin que las divisas obtenidas se destinaran a atender sus necesidades financieras en dólares. YPF, como las restantes empresas públicas, fue instrumento para obtener divisas en el mercado internacional de capitales, colocándolas en el mercado de cambio, para favorecer así la política de apertura económica.

La deuda de YPF llegó a constituir más del 17% del total de la deuda externa que nos dejara la dictadura de Videla, Martínez de Hoz y compañía.

La fuente principal de recursos de la empresa eran los ingresos provenientes de sus ventas. Tales ingresos eran recortados por las autoridades económicas mediante la apropiación de la mayor parte de la venta de los combustibles, como así también obligando a YPF a vender “a pérdida” petróleo crudo a las refinerías privadas Shell y Esso. Una política de vaciamiento a favor de petroleras extranjeras.

Algunos aspectos de esa política fueron corregidos por el gobierno de Raúl Alfonsín que en ningún momento se planteó una privatización lisa y llana como se presionaba desde los organismos internacionales de crédito, sino una política de colaboración entre la empresa estatal y el capital externo para ampliar y mejorar la explotación petrolífera.

Menem, en cambio, con el ministro Domingo Cavallo, plantó bandera de remate a YPF.

Mosconi escribió alguna vez: “Es preferible el aumento de los costos y hasta un mal servicio público del petróleo a las excelencias que las organizaciones extranjeras puedan ofrecer, por cuanto ellas, al fin, exportan en máximo grado las riquezas que se obtienen de sus yacimientos y constituyen generalmente al germen de graves perturbaciones de orden económico y social”.

Toda una definición que resume las consecuencias de sacar al Estado de la explotación petrolífera.

Así vimos pueblos promisorios que se convirtieron en fantasmas –ironía de la historia, uno de esos pueblos se llama Mosconi-, miles de desocupados y cientos de millones de dólares que se giraron al exterior. Y utilidades netas de miles de millones de dólares que se llevó la española Repsol.

La historia reciente es conocida. Sorpresivamente vimos que a partir del 2003 el gobierno de Néstor Kirchner primero y el de Cristina Fernández de Kirchner después, en forma progresiva, fue revirtiendo las políticas de los ’90, lo que implicó reconstituir –para tener junto al mercado- un Estado fuerte que regule y que a la vez tenga un rol preponderante en unidades de negocios que son claves para el desarrollo y que gran parte de los países del mundo, sobre todo los desarrollados, no dejan librados únicamente al capital privado.

Políticas nacionales y progresistas que fueron más allá del plano económico y que están en la herencia de los mejores gobiernos populares de nuestra historia y en los programas que siempre se levantaron desde el campo nacional y popular o desde el llamado centro-izquierda y progresismo; sin resignarse a los parámetros y recetas que en estos tiempos de globalización quieren imponer los poderes económicos, las corporaciones de afuera y de adentro.

Por supuesto que todos estos avances –política de memoria, verdad y justicia en derechos humanos, estatización del correo, de Aerolíneas Argentinas, política de desendeudamiento, reinstalación de las paritarias y convenios colectivos de trabajo, retenciones al sector agropecuario por su peso en la Balanza de Pagos, políticas activas y no recesivas, reindustrialización e impulso al mercado interno, nacionalización de las AFJP, Ley de Medios, clara inserción en Latinoamérica, etc.- tuvieron como respuesta una fuerte oposición de los poderes más concentrados, de los monopolios de la información, que utilizaron además no sólo al arco político de la derecha tradicional sino que en gran medida cooptaron a gran parte de partidos que tradicionalmente se consideraron progresistas o incluso de izquierda, y que llegaron incluso al borde del objetivo destituyente.

Todo eso que fue castigado severamente con el voto popular y la presidenta Cristina pudo triunfar en forma contundente en su reelección del año pasado y con ese fuerte respaldo popular –que se exterioriza saludablemente en amplios sectores juveniles- seguir avanzando en medidas estructurales para seguir creciendo y alcanzar mayores niveles de igualdad.

Así llegamos a dos grandes hitos. En marzo último la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que le permite a la entidad recuperar el rol histórico, anulado por la Ley de Convertibilidad de Cavallo-Menem, de regular y orientar el crédito a través de las instituciones del sistema financiero, para promover la inversión productiva de largo plazo. Se clausura así la etapa en que el Estado renunció a su soberanía monetaria y cambiaria.

Y el segundo hito, motivo de esta nota, de nacionalizar el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol para poder volver a conducir la política hidrocarburífera.

Los sectores que se opusieron a la nacionalización de la empresa son los mismos consustanciados con el neoliberalismo, los que ya se venían oponiendo a todas esas medidas que destacamos sustanciales en la marcha de los gobiernos de Néstor y Cristina, y aquellos que sin ser neoliberales están cegados por un antikirchnerismo ya a esta altura incomprensible, que los lleva a ponerse en la misma vereda de los intereses antipopulares que generalmente han criticado.

No obstante hubo un hecho saludable, esta vez los medios corporativos no pudieron encolumnar a la oposición de raíz más progresista –radicales, socialistas, de Proyecto Sur, que hasta ahora en general habían sido funcionales a la derecha- en contra de la nacionalización de YPF. Se abre de esta manera una etapa nueva para estos partidos más saludable y de mayores perspectivas –a pesar de los malos augurios de los editoriales de Clarín, La Nación, un Julio Rajnery, que considera, y lo escribe, filofascita al primer peronismo y algo parecido al kirchnerismo actual, el milico Oscar Aguad, el intrascendente Hugo Castañón y la ya totalmente desvariada, políticamente hablando, Elisa Carrió, entre otros - y la posibilidad de un caminar juntos con el oficialismo en políticas de Estado centrales, si es que siguen priorizando, como en esta oportunidad, el interés nacional y las mejores tradiciones de su propia historia.

Las cuestiones del pasado que se pueden cuestionar en esta temática de Néstor y Cristina, como su rol en los ’90, o el débil argumento de decir por qué no lo hicieron antes –obviando los contextos y los tiempos para desarrollar determinadas acciones-, quedan totalmente superadas por la corrección de tomar ahora la decisión correcta. ¿Qué mejor autocrítica que esa?

Si se trata de cuestionar, lo único que plantearía es que la acertada creación de la Empresa Nacional de Energía (ENARSA) en el 2004 no fue seguida por un empuje decisivo en sus políticas para actuar como empresa testigo y así impulsar el desarrollo en aquellas áreas petroleras donde el capital privado no quería intervenir, como para asociarse y establecer alianzas estratégicas con empresas del sector. Una etapa que a lo mejor terminaba con lo que se hizo ahora, nacionalizar YPF, pero si se hubiera desarrollado estaríamos en mejores condiciones.

Los argumentos esgrimidos contrarios a la medida de expropiar el 51% de acciones de YPF en manos de Repsol no se sostienen; no se ha vulnerado la constitución y el marco legal nacional e internacional; al contrario, ha estado presente la condición de utilidad pública prevista por la Constitución nacional, el Código Civil, la ley de expropiaciones y los documentos de las Naciones Unidas en este sentido. La Resolución 1803 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (14 de diciembre de 1962), titulada “Soberanía permanente sobre los recursos naturales”, establece que: “La nacionalización, la expropiación o la requisición (de empresas) deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad o de interés nacional, los cuales se reconocen como superiores al mero interés particular o privado, tanto nacional como extranjero.” Esto fue utilizado en la expropiación de las concesiones petroleras de la America Oil Company por Kuwait en 1977 y, como recordó Sebastián Premici en Página 12, el tribunal de ese país reconoció la legitimidad de la expropiación y otorgó al inversor estadounidense una compensación menor a la reclamada.

Los demás reparos son propios de los que quieren volver a las políticas de los ’90, los que insisten –a pesar de todas las experiencias en contra- que la mano invisible del mercado puede traer igualdad y desarrollo. El mercado sólo genera eso si a la vez hay un Estado que planifica, que organiza, que interviene.

Por otra parte, para los propios Estados Unidos, para la mayoría de países europeos, para China, para Japón, para Brasil y varios países del sudeste asiático el acceso a los recursos energéticos es considerado un tema de Seguridad Nacional.

Hasta la super liberal Margaret Thatcher fue conciente de esto. Cuando manejó la posibilidad de privatizar el sistema energético de Gran Bretaña puso como condición que no se privatizaran las plantas de energía nuclear. Cuando sus asesores le dijeron que, dado que el sistema funcionaba como una red donde no podía excluirse la energía nuclear de las otras, directamente resolvió que en esa área no se privatizara nada.

Y en materia específicamente petrolera, de las 20 principales empresas mundiales, 13 son estatales –o con mayoría estatal- y sólo 7 del sector privado, es decir, las empresas exclusivamente privadas en este campo no tienen actualmente preponderancia en la producción mundial de petróleo.

En síntesis, desde el Congreso y por iniciativa presidencial, nació una de las medidas más trascendentes, un hito, como dije, del camino iniciado en el 2003. Los desafíos para YPF ahora son enormes y requerirán –para llegar al autoabastecimiento y a una renta importante para la Nación y las provincias- de un manejo responsable y profesional, anclado al interés nacional y a la continuidad de un modelo o proyecto político que, como acaba de decir el premio nobel de economía Paul Krugman, a pesar de lo que dice “la cobertura de prensa” a la que estamos acostumbrados, “es una extraordinaria historia de éxito”. (APP)