La Legislatura provincial aprobó ayer la ley que incrementará, de modo escalonado, en los próximos tres años, los sueldos de los jueces provinciales hasta equipararlos con hasta el 90 por ciento de los haberes que perciben sus pares federales.

La ley, que fue votada a favor por el oficialismo y por el bloque radical, modificó una norma que se había aprobado en 2009, durante la gestión de Juan Schiaretti, y que establecía que en enero de 2012, los magistrados provinciales debían cobrar el 90 por ciento de los haberes de los federales.

No obstante, apenas asumió, José Manuel de la Sota impulsó una prórroga hasta noviembre próximo para la entrada en vigencia de esa ley. Ante el vencimiento de esa prórroga y la falta de recursos de las arcas provinciales, el gobernador les propuso a los jueces pagarles la equiparación, pero de manera escalonada y en tres años.

La norma aprobada establece que “las compensaciones remuneratorias de los jueces y miembros del Poder Judicial provincial serán fijadas, de manera paulatina, automática y hasta alcanzar el 90 por ciento de las remuneraciones netas de bolsillo de los cargos equivalentes de la Justicia Federal, sin que pueda superarse tal porcentaje por ningún concepto ni causa”.

La equiparación se llevará adelante conforme el siguiente cronograma y porcentajes: A partir del 1° de noviembre de 2012, en un 80 por ciento, lo que equivale a un aumento del 10 por ciento en los sueldos de los magistrados cordobeses. Al 1° de noviembre de 2013, la equiparación llegará al 83,25 por ciento; el 1° de noviembre de 2014, al 86,50 por ciento; y el 1° de noviembre de 2015, al 90 por ciento.

El legislador oficialista Juan Manuel Cid dijo que la ley aprobada “garantiza la intangibilidad de los haberes de los jueces, lo que genera más independencia y consolida el sistema republicano”.

El presidente del Tribunal Superior, Domingo Sesín, coincidió con Cid: “Más allá de la cuestión monetaria lo importante para el Poder Judicial es que, aún cuando se llegue al 90 por ciento recién en 2015, se ha establecido un procedimiento escalonado reglado, donde el poder político ha renunciado a su potestad de fijar libremente el aumento remunerativo a los jueces. Eso contribuye a afianzar una de las modalidades de la independencia judicial”.

Presente en el recinto, la secretaria general del gremio judicial, Irina Santesteban, cuestionó la norma porque ignora los reclamos de los empleados del Poder Judicial.