De prosperar el proyecto que por estos días se debate en el Congreso Nacional, casi 114 mil chicos de 16 y 17 años estarían hoy en condiciones de votar en la provincia de Córdoba.

Los datos se desprenden del Censo Nacional 2010, año en el que 113.925 jóvenes cordobeses tenían 14 y 15 años. Hoy, dos años después, todos esos pibes quedarían formalmente habilitados como ciudadanos con derecho a voto en cualquier comicio de alcance nacional.

Ese número es bastante significativo, ya que representa el 4,56 por ciento del padrón electoral general de la provincia, que para las elecciones presidenciales del año pasado incluía a 2,5 millones de personas.

Para tener una idea del peso electoral de ese segmento, vale señalar que, por ejemplo, para elegir un diputado nacional, cualquier partido necesita en Córdoba alrededor de 135 mil votos, apenas por encima de los que cuentan hoy en el “padrón sub-18”. Así, si todos esos chicos votaran al mismo candidato, podrían tener su “propio” representante en el Congreso.

Otra comparación puede hacerse con la poderosa Seccional 10º, de Córdoba capital, distrito que suele torcer hacia un lado u otro muchas elecciones. En “La Décima”, como se la conoce, votan en cada comicio unas 130 mil personas, casi la misma cantidad de jóvenes de 16 y 17 años que a partir del año que viene podrían sufragar en nuestra provincia.

Interior adolescente. De todos los chicos cordobeses que podrían comenzar a votar a partir de la reforma del Código Electoral Nacional, la mayoría reside hoy en el interior de la provincia. Efectivamente, de esos casi 114 mil jóvenes, 70.186 viven en ciudades y pueblos del interior cordobés (el 61,6 por ciento), mientras que 43.739 tienen domicilio en Córdoba capital (38,4 por ciento).

Si la comparación se hace considerando el Gran Córdoba, la tendencia se revierte: en la zona metropolitana (incluyendo la Capital) viven 61.784 pibes de 16 y 17 años (54,2 por ciento), contra los 52.141 con residencia en el resto del interior cordobés (45,8 por ciento).

Donde casi no hay diferencias es en la distinción por sexos. Del total de futuros electores adolescentes, apenas poco más de la mitad son varones: 57.750 (50,7 por ciento) contra 56.175 mujeres (49,3). Esta leve supremacía masculina contrasta con la del padrón general, donde las mujeres son clara mayoría con el 52 por ciento del total.

...................

Micaela, 16 años

"No me parece bien. Hay muchos chicos de 16 años que no tienen capacidad para elegir a quién votar. O votarían influenciados por sus padres. O por el ambiente que los rodea".

Melany, 16 años

"Elegir a un Presidente es lo máximo que se puede hacer como ciudadano. Y si tenemos derecho a votar a un Presidente, también deberíamos tener derecho a tomar alcohol, a manejar, o de comprar una casa".

Iván, 16 años

"Está mal, porque ninguno de mi edad va a tener interés en votar. Yo no me siento en condiciones. Si tendría que votar, votaría lo que me dijera mi papá o mi mamá, pero no por convicción personal".

Stefania, 15 años

"Conozco el proyecto. Para mí está bien que nos incluyan. Creo que cuando tenga 16 años, voy a estar preparada para votar. En todo caso, sería bueno que vote el que quiera, que sea algo optativo".

Celeste, 15 años

"Para mí está bien. Hace falta más participación política. Tiene que haber más debate, para que los chicos no nos asustemos con la política. La política nos perjudica o nos beneficia, y por eso hay que participar".

..................

Sale con fritas

El proyecto de reforma del Código Nacional Electoral, que habilita el voto de los jóvenes a partir de los 16 años, ingresó esta semana al Senado para su tratamiento.

La Cámara Alta realizará una ronda de consultas con especialistas y agrupaciones juveniles antes de abocarse a su tratamiento, previsto para fines de septiembre.

Luego, el proyecto llegará a Diputados, donde será debatido y, eventualmente, aprobado en los primeros días de octubre.

La iniciativa, en principio, establece que el voto para los chicos de 16 y 17 años será optativo, y no obligatorio, aunque a lo largo de su tratamiento esta definición podría modificarse.

Además del oficialismo, el proyecto cuenta con el apoyo de otras fuerzas políticas, como el Frente Amplio Progresista (FAP) y ciertos sectores del radicalismo, por lo que se descuenta su aprobación.