Por Martín Juárez FerrerAbogado, director de la Clínica de Derecho de Interés Público de Fundeps
La reciente experiencia de votación a través de medios electrónicos en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez merece ciertas reflexiones, relacionadas con la influencia del mecanismo en la participación ciudadana expresada en el voto, con el costo de este mecanismo y con las posibilidades de verificación de los datos obtenidos.
El costo de la elección resulta un ítem a tener en cuenta. En el caso concreto, las elecciones costaron entre cinco y seis veces más que con el sistema tradicional. Si bien en esta ocasión fueron costeadas por el gobierno provincial, cabe preguntarse cuánto es razonable que se gaste en este método eleccionario por sobre el costo de una elección bajo el método tradicional. Es sabido que los derechos políticos, tanto como los derechos sociales, implican un fuerte gasto estatal, y entonces resulta relevante analizar las prioridades en el gasto público, en particular cuando existen necesidades básicas insatisfechas en porciones significativas de la población.
Finalmente, un problema no menor es el control del proceso eleccionario. La tarea de los tradicionales fiscales partidarios resulta insuficiente, y se hace indispensable contar con personas especializadas en este tipo de mecanismos. El método electrónico hace necesaria una enorme confianza en el proveedor del servicio, en este caso una empresa privada, puesto que un control completo de la correspondencia entre la manifestación de la voluntad del ciudadano y lo registrado en la urna electrónica parece prácticamente imposible sin alterar el carácter secreto del voto.
En resumen, la experiencia del voto electrónico presenta matices interesantes, por cuanto ensancha los carriles de la participación ciudadana, requiriendo un mayor esfuerzo por parte del votante a la hora de decidir, pero no debe descuidarse la cuestión de sus elevados costos, así como las dificultades de la verificación de la autenticidad de los registros.
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