A mediados de esta semana, directivos de las escuelas que funcionan en el barrio Pietrobelli denunciaron la presencia de 26 prostíbulos y pidieron la intervención de autoridades policiales, fiscales y del Ministerio de Educación.

En este contexto, el propio jefe de la Seccional Segunda de Policía, Horacio Antinopay, admitió que en su jurisdicción se constató la venta ilegal de sexo. El tema llegó al límite cuando el viernes 14 se desató una balacera en uno de los departamentos, situado en inmediaciones del Colegio Domingo Savio.

Según el director del establecimiento, Blas Pacheco, cuando se presentaron a hacer la denuncia en la Fiscalía, “nos dijeron que tenemos que hacerla sobre hechos que pasen en un domicilio determinado”. Luego acotó que “nos pusimos un plazo” para obtener una respuesta de las autoridades y que “si no la hay, convocaremos a padres y docentes para seguir manifestándonos”.

CON SUPERVISORAS

El titular de la Regional Sur de la ATECh, Carlos Magno, sumó su voz ayer al resaltar lo que considera como “falta de acompañamiento del Estado para prever este tipo de hechos recurrentes y que preocupan a todo el sector educativo, principalmente en algunas escuelas donde está a la vista que los vip están alrededor” de sus instalaciones.

Asimismo, reclamó “acciones concretas del Estado para brindar la seguridad y justicia que debe tener garantizada la población en todos los órdenes”. Indicó además que el tema integrará la agenda de reuniones a desarrollarse la próxima semana con supervisores.

SIN LEGISLACION

Por su parte, el subsecretario de Gobierno del municipio de Comodoro Rivadavia, Omar Albornoz, indicó que “nosotros habíamos recibido este planteo de las escuelas, pero hay que decir que cada seccional ya tiene un mapa donde figuran estos lugares y que la única forma que tenemos de trabajar es hacer la investigación previa y luego pedir la orden de allanamiento”.

El funcionario municipal acotó que “a nosotros nos permite constatar al menos la tenencia de bebidas alcohólicas, que es lo que nos permite entrar legalmente. Luego hay un trámite administrativo, una multa, que pagan y vuelven a abrir”. Luego Albornoz hizo referencia a un corrimiento de la zona de ubicación de los departamentos donde se dan estas prácticas ilícitas, los que al principio se ubicaban en el centro y que ahora buscan zonas menos visibles para funcionar.

En este marco, sostuvo que “vamos a avanzar nuevamente con pedidos concretos, pero este es un tema al que no le pudimos encontrar una veta legislativa porque hoy estamos en vigencia de una ley del 30, que es la Ley de Profilaxis, y desde allí no se hicieron modificaciones. La erradicación completa escapa a nosotros”.

Más adelante, indicó que un factor que pesa en el control de estas zonas es la falta de recursos, citando como ejemplos a las seccionales Mosconi y Segunda, “donde el volumen de delitos es tan importante que no se alcanza a abordar todo y de ahí que se interprete esto como una inacción”.

Trata de personas: concejales en deuda

Una de las deudas más sobresalientes del Concejo Deliberante, en tiempos donde la trata de personas se convirtió en una práctica tan común como aberrante en Comodoro Rivadavia, es la falta de una ley que suplante una normativa que tiene más de 80 años.

La lucha contra la trata de personas ha sido uno de los principales ejes del gobierno nacional, y el compromiso de los legisladores con la problemática que afecta a miles de niños y mujeres en el país llevó a la sanción de la ley nacional 26.364, a la que incluso se le harán modificaciones atendiendo a las observaciones realizadas por las organizaciones civiles.

Sin embargo en Comodoro el tema no llegó siquiera a debatirse salvo por un intento de reflotar el proyecto presentado por Judith Jozami -ex concejal, hoy subsecretaría de Salud del municipio-, que proponía la legalización de la prostitución, propuesta que motivó críticas desde la sociedad civil y la Delegación Chubut del INADI, dado que promovía la creación de una zona roja que centralice la oferta sexual, centrada en las normas de higiene de quienes se dedican a la prostitución, cuando incluso actualmente se busca avanzar en la penalización de quienes pagan para acceder a estos lugares.

PROHIBICION

Cabe indicar además que en ámbitos legislativos de ciudades como Santa Rosa, Villa María, Neuquén y General Roca, entre otras, se sancionaron ordenanzas que prohíben la habilitación de whiskerías y locales nocturnos como paso previo a normar sobre departamentos vip. Se trata de normativas acordes al ordenamiento jurídico nacional.

La ordenanza sancionada en Santa Rosa, por ejemplo, indica que: “Procede desde nuestra más profunda convicción que el Estado Municipal no puede seguir avalando institucionalmente un modelo social que garantiza el uso colectivo de las mujeres más desfavorecidas y excluidas del sistema, ni las prácticas masculinas de acceso por precio a su cuerpo. La regulación y legalización de la prostitución no instaura un modelo normativo, sino un sistema de valores que contiene el mensaje de que es legítima la explotación por terceros del cuerpo de las mujeres”.

La Red Mujeres Nuevo Milenio es una de las organizaciones locales que sostiene la postura abolicionista y rechaza el proyecto de ordenanza “reglamentarista que está contra el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y todos los compromisos que el Estado argentino ha firmado en la materia por los derechos humanos de las mujeres”.