El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba dispuso un aumento del cinco por ciento para todos los magistrados y funcionarios judiciales, con lo cual el incremento acumulado anual llega al 36 por ciento, según confirmó el vocero de tribunales.

La nueva mejora fue dispuesta por el alto cuerpo en el marco de la ley 9.725 sancionada por la Unicameral en diciembre de 2009, que estableció una progresiva equiparación salarial con la Justicia Federal que culminará el 1° de enero de 2012. La armonización alcanzará al 90 por ciento de los cargos equivalentes del fuero federal.

Con el incremento, un vocal del Tribunal Superior pasará a cobrar de bolsillo 27.510 pesos mensuales, manteniendo el privilegio de no pagar Impuestos a las Ganancias. Con esa remuneración, un empleado jerárquico de cualquier actividad tributa aproximadamente unos 7.500 pesos mensuales.

El primer aumento de los magistrados y funcionarios judiciales se realizó en febrero y alcanzó el 15 por ciento. En agosto, una semana después del polémico asueto que dispuso el alto tribunal por el frío y la falta de calefacción, se dispuso una suba del 12,25 por ciento e igual porcentaje para los empleados del Poder Judicial.

Esta semana el alto tribunal resolvió un nuevo incremento del cinco por ciento, pero esta vez la mejora no se extendió a los empleados.

Con el último incremento, la suba anual acumulada de los magistrados llega al 36 por ciento, el mayor aumento salarial registrado a nivel provincial, ya que los legisladores y funcionarios finalmente tuvieron una suba del 24 por ciento –igual a la concedida por el Gobierno a los empleados–, tras el frustrado intento de subirse un 47 por ciento cuando la atención pública estaba concentrada en el Mundial de Fútbol.

Con la intención de atemperar los ánimos, el Tribunal Superior comunicó internamente a los empleados que desde julio de 2008 a la fecha los empleados obtuvieron un aumento del 42 por ciento mientras que los magistrados y funcionarios recibieron en el mismo período una suba del 36 por ciento, concedida enteramente en el transcurso de 2010.

La titular del gremio judicial, Irina Santesteban, reiteró en declaraciones a este diario su rechazo a la ley de equiparación de los magistrados cordobeses con el fuero Federal y consideró que esa norma “iba a ensanchar la desigualdad” salarial dentro de la Justicia para advertir que esa situación ya se está produciendo.

En ese sentido, la dirigente insistió en reclamar por la aplicación del sistema de porcentualidad para los empleados, lo que implica que el personal cobra un porcentaje de lo que percibe por caso un vocal del tribunal superior o un camarista.

Santesteban ejemplificó que en Santa Fe se aplica ese sistema y los empleados cobran un porcentaje de lo que percibe un camarista.

La dirigente pidió una “discusión integral sobre el salario” y recordó que el aumento acumulado del año para los empleados judiciales es del 24 por ciento frente al 36 de los jueces.

Además, se quejó de que la recomposición salarial a los empleados fue dada “por decreto” sin un diálogo con el gremio.

Tras aclarar su “total respeto” por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y el gremio docente (UEPC), se quejó que a los empleados judiciales se les aplique el mismo porcentaje que al sector público, pese a ser un poder independiente.

Tras la feria judicial, los empleados realizaron una suerte de tregua y suspendieron las medidas de fuerza que venían llevando adelante, una exigencia del alto tribunal para retomar el diálogo con el gremio.

Además de la porcentualidad, el gremio pide la apertura de paritarias para los judiciales, un reclamo que el TSJ no está dispuesto a conceder.