Rosa Isabel Salinas recusó ayer a todos los jueces de la Cámara Civil en el marco de una causa que la mujer le sigue al Estado provincial tras ser cesanteada del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP) por motivaciones políticas. La postura está vinculada con la adoptada en las últimas semanas por el obispo local José Conejero cuando pidió que ningún juez asociado al Colegio de Magistrados y Funcionarios actúe en un expediente donde el religioso denunció al gobierno provincial por la muerte de un sacerdote africano. En ambos casos, los denunciantes temen una conducta de parcialidad, a partir del otorgamiento de fondos de parte del gobernador Insfrán para la construcción de la sede gremial de esa organización.

Con el patrocinio del reconocido abogado del foro, Pedro Velázquez Ibarra, Rosa Salinas efectuó en la víspera un pedido de amparo en el marco de la causa que mantiene contra el Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP) tras la presentación efectuada por el obispo de Formosa, José Vicente Conejero Gallego a raíz de la resolución 686/10 del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, mediante la cual se destina la suma de $ 1.038.335,78 del presupuesto estatal para la construcción de la sede del Colegio de Magistrados provinciales.

“Vengo por este acto a plantear, en legal tiempo y forma, recusación por causal sobreviniente contra y todos y cada unos de los magistrados y funcionarios asociados al Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Formosa, beneficiarios de la obra ya en ejecución en la actualidad con dinero del erario público, circunstancias que origina en los justiciables un más que legitimo “temor de parcialidad” a favor del Estado aportante y/o de sus funcionarios públicos”, argumenta la mujer que fuera echada del EROSP por su participación en actividades políticas.

CARGOS

Al sostener su pedido, la mujer aseguró que no se trata de una donación la efectuada por el gobierno provincial a favor del gremio de los jueces porque “hubo pedido expreso del Colegio de Magistrados y Funcionarios”, ni tampoco de un subsidio, “circunstancias por las cuales la conducta de las personas intervinientes en el acto estarían descriptas y reprimidas en el Art. 260 del Código Penal que dispone que `será reprimido con inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieran destinados` y/o el Art. 261 del mismo código que textualmente expresa que `será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública`”.

UNILATERAL

Para la presentante, los fondos afectados por la resolución 686/10 a pedido expreso de las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios “no constituye una “donación en razón de que no fue un acto unilateral y de libre voluntad la entrega de la suma de dinero, sino que previamente existió un requerimiento concreto. Tampoco se trata de un subsidio ya que la administración y disposición de los fondos continúan en manos de los funcionarios del Poder Ejecutivo, de quienes depende el proceso de licitación privada y la ejecución de la obra conforme surge de la citada resolución, circunstancias que se proyectaría en relaciones promiscuas y frecuentes entre los magistrados interesados en la construcción del edifico y los funcionarios responsables de su concreción, obviamente”, clarificó.

Enseguida, expuso a los tres camaristas un eventual escenario, en el caso que incumplan su pedido de recusación: “en el marco de hecho y de derecho señalado, además del delito de malversación de caudales públicos concurrirían en el caso otros ilícitos en concurso como son los de dádivas y trafico de influencia previsto en el Art. 259 y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público reprimido por el Art. 248, ambos del Código Penal, apareciendo innegable que también se violaron normas de las leyes de presupuesto y contables que rigen en la administración pública, agravándose la conducta de los jueces del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial por sus conocimientos de las leyes y también por las limitaciones que surgen del Código de Ética vigente para los mismos”.

Peligro social

La presentación también le dedica un generoso espacio a la titular del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Vanesa Boonman. “lo realmente asombroso es la defensa que hace la jueza Boonman de semejante situación confesando impúdicamente que los fondos fueron pedidos por los propios magistrados, anticipando públicamente que la recusación, para ella “masiva”, debe ser rechazada, pues a su criterio de prosperar sería lo mismo que la impugnación se basara en el “aumento del 18%” otorgado por el Poder Ejecutivo Provincial exhibiendo obscena y pavorosamente su asimilación entre actos lícitos de gobierno con los realizados al margen de la ley”.

“Si tamaña confusión se proyecta en su tarea de juzgar realmente nos encontramos ante una magistrada que constituye un verdadero peligro social, al igual que el centenar de jueces y funcionarios judiciales que aprobaron la utilización de fondos públicos para su obra privada y nada dicen después del escándalo provocado por la recusación de monseñor Conejero con excepción de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Ariel Coll y Arminda del Carmen Colman (quien renuncio de inmediato al Colegio) y del Camarista José Luís Pinogcchi que fueron públicamente conocidos, sin perjuicio de que trascendió que otros magistrados plantearon su disconformidad en la asamblea”, redondeó.