Al final, las empresas constructoras de Río Cuarto tendrán ventaja a la hora de competir en la licitación por las 1.000 viviendas que el gobierno municipal pondría en marcha el año próximo. Todavía no está cerrado el esquema que en definitiva se aplicará, pero hay acuerdo en el Concejo para que las firmas locales reciban algún tipo de preferencia a la hora de la selección.

En principio, el gobierno de Juan Jure había definido que las constructoras riocuartenses iban a tener que competir en igualdad de condiciones. Desde el Palacio de Mójica sostenían que aplicar el “Compre Río Cuarto” en una inversión de 220 millones de pesos le generaría al Estado un gasto adicional de 4,4 millones de pesos.

El “Compre Río Cuarto” es una ordenanza que establece que cuando hay una licitación o un concurso de precios debe ser elegida una empresa riocuartense aunque el precio ofrecido supere en un 2 por ciento al que haya presentado otra firma que no está asentada en la ciudad. En este caso, el Municipio sostiene que aplicar esa normativa terminaría provocando un costo adicional equivalente a 20 viviendas.

Sin embargo, después de que la Cámara de la Construcción pidiera expresamente que se fije algún beneficio para las empresas riocuartenses, en el Concejo fue tomando cuerpo la idea de no hacer una excepción en el plan de viviendas y aplicar el “Compre Río Cuarto”. Es más, el bloque justicialista lo planteó públicamente como un reclamo de los cambios que deberían producirse en el paquete de proyectos de ordenanza que actualmente están analizándose en el Concejo.

El pedido del PJ

El argumento del justicialismo es que los requisitos que se establecen en el pliego de licitación son exigentes y rigurosos, obligan a las empresas a tener antecedentes de envergadura y que las firmas locales deberán hacer un esfuerzo para ponerse a tono y, por ejemplo, estar en condiciones de adelantar inversión, es decir, de construir las casas a un ritmo más acelerado del que el gobierno puede afrontar. En ese marco, indicaron en el PJ, el “Compre Río Cuarto” sólo sería aplicar una ordenanza vigente y, además, se buscaría que las firmas locales puedan tener algún beneficio para quedarse con la obra.

Sin embargo, en el oficialismo están barajando la idea de no instrumentar la ordenanza tal como está sino aplicarle modificaciones para que el Estado no tenga que pagar de más.

La alternativa que se está analizando en el bloque de Río Cuarto para Todos contemplaría que, al momento de elegir la oferta ganadora, se tendría en cuenta el 2 por ciento que estipula la ordenanza del “Compre Río Cuarto”. Sin embargo, si una constructora local presenta una oferta que supere hasta en un 2 por ciento a la propuesta por otra firma foránea, la adjudicación a la constructora riocuartense no se hará de forma inmediata. Se le pedirá que ponga a tono su oferta, que acepte el precio menor que se presentó y sólo después podrá quedarse con el proyecto.

Es decir, si una firma foránea presenta, por ejemplo, una oferta económica de 200 mil pesos por vivienda y otra empresa local ofrece un precio de 204 mil pesos, la constructora riocuartense sólo podrá quedarse con la licitación si acepta bajar el monto hasta los 200 mil pesos.

Así, el gobierno cumpliría con el objetivo de pagar el menor valor que surja de la competencia y, a la vez, se le daría un beneficio a las empresas riocuartenses.

Desde el gobierno municipal señalan que no pondrán objeciones en aplicar la ordenanza tal cual salga del Concejo, si es que los bloques deciden aplicar el “Compre Río Cuarto” o un mecanismo similar.