La comisión de Desarrollo Humano y Social aprobó ayer el despacho del proyecto de ley mediante el cual el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de Neuquén (IPVUN) podrá regularizar la situación dominial de viviendas sociales adjudicadas y la deuda existente de adjudicatarios de las mismas.

A la vez, crea un Fondo Fiduciario provincial y otro municipal para aplicar al desarrollo de políticas habitacionales. Tal decisión se tomó en la reunión semanal del cuerpo que estuvo presidida por el diputado Ricardo Rojas (MID). Los legisladores unificaron dos iniciativas; la que crea el programa de recupero de saldos deudores al IPVU, presentado en marzo de este año por el MPN, UP, PNN y MID y el proyecto para regularizar la titularización de las viviendas construidas en jurisdicción provincial mediante planes ejecutados o financiados por el IPVU, de la UCR -presentado en 2010. A la vez, reconoce que la iniciativa final es producto también del trabajo aportado por las autoridades del IPVU.

Al respecto, Daniel Baum(UP) dijo que de las “70 mil viviendas construidas en la provincia, entre 30 y 50 mil aún no tienen resuelta su situación dominial”. El proyecto será girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y posteriormente, a la de Hacienda y Presupuesto.

El proyecto de ley permite que deudores del IPVU puedan regularizar el pago de sus cuotas, garantizar el recupero de fondos y reinvertir en nuevos planes habitacionales. Además, faculta al organismo a poder accionar en forma judicial para efectivizar el recupero e incorpora a los municipios que adhieran, en la formulación y ejecución de soluciones habitacionales. María Angélica Carnaghi (MPN) fue la encargada de explicar extensamente, en el transcurso de la reunión, el proyecto de ley al que calificó de “ trabajo complejo”. Dijo que “ por primera vez, permite que los municipios sean partícipes como actores activos en la formulación y ejecución de soluciones del problema”, a partir de conformar con los fondos que contribuyan a recuperar, un fondo fiduciario específico para la construcción de viviendas en los municipios, con distribución proporcional.

Valor de la cuota

Carnaghi destacó que el Plan Especial de Financiación y Cancelación Anticipada es voluntario y cuenta con numerosos beneficios para los que adhieran; para tal fin se habilitará un registro por 180 días corridos. Mientras que Daniel Baum (UP) dijo respecto de las cuotas, que en ningún caso el monto puede superar el 20% del ingreso del titular ni ser inferior al 10% del salario mínimo, vital y móvil.

El proyecto señala que en caso de acceder al programa y no abonar tres cuotas consecutivas o cinco alternadas, el plan de financiamiento caducará y el IPVU podrá accionar judicialmente ante la reiteración de falta de pago.

Recuperar los fondos sociales

Más adelante, Carnaghi destacó que “es la primera ley que plantea que todos los recursos que se recuperan vuelvan a la construcción de nuevas viviendas”, para lo cual fue necesario crear dos fideicomisos, uno provincial y otro municipal que serán administrados por la Fiduciaria Neuquina S.A. En ese sentido, Baum, señaló las bondades de los fondos fiduciarios porque son “inembargables” y dijo que “tener una cuenta especial a nombre del IPVU es susceptible de embargo”.

Ambos legisladores explicaron que actuará como autoridad de aplicación de la ley el IPVUN y que para la fiscalización de la gestión se crea una Comisión de Control y Seguimiento que estará integrada por tres (3) legisladores designados a propuesta de la Comisión de Desarrollo Humano y Social y tres (3) representantes del IPVUN.

Los diputados Eduardo Benítez y Luis Sagaseta pidieron que se incorpore también a los adjudicatarios cumplidores, tal el caso de aquellos a los que se les descuenta la cuota por planilla y que ese dinero sea girado directamente al fondo. De igual modo pidieron, para una redacción final, especificar el porcentaje que se le asignará a cada municipio destinado al desarrollo de políticas habitacionales.