Por unanimidad, la Legislatura provincial aprobó ayer una ley promovida por el Ejecutivo, que crea un Régimen de Escrituración Gratuita de Viviendas Sociales, destinado a adquirentes con imposibilidades económicas de afrontar los gastos que demanda el trámite común para la obtención del certificado de propiedad.

Para poder adherir a este régimen, los eventuales beneficiarios (adquirientes de viviendas económicas construidas por programas estatales, municipales, provinciales y nacionales, loteos y/o planes administrados por cooperativas y ONG) deberán demostrar la situación de vulnerabilidad social y económica, lo que será controlado por el Estado. Con este fin, la Secretaría de Inclusión Social de la Provincia realizará un relevamiento.

La ley contempla la posibilidad de que los que accedan a escriturar puedan también incluir el inmueble como bien de familia. Además, la autoridad de aplicación podrá promover la suscripción de las escrituras traslativas de dominio de las viviendas a las mujeres jefas de hogar, en observancia de lo que establecen las leyes nacionales que hacen referencia a la “violencia económica” contra la mujer.

A partir de esta normativa, el Estado podrá entregar “escrituras de consolidación” que serán definitiva a los 10 años de no existir oposición. Ese beneficio recaerá en los poseedores de tierra que realicen el trámite a través de la Unidad para el Saneamiento de Títulos.

El proyecto fue presentado por el oficialista Carlos Alesandri, quien dijo que la falta de regularización dominial de las viviendas sociales era un problema de envergadura. Sostuvo que la iniciativa “implicará un trabajo conjunto de Rentas, Catastro, Desarrollo Social, Registro de la Propiedad” entre otros organismos públicos.

Todos los bloques opositores votaron a favor. Algunos de ellos cuestionaron el alcance “demagógico y electoral” de la medida, y recordaron el incumplimiento para con los beneficiarios del Plan Hogar Clase Media.