El justicialismo ya comenzó a pedir los primeros cambios en el pliego de bases y condiciones que el gobierno municipal usará para licitar las 1.000 viviendas de clase media, que tienen un presupuesto global de 221 millones de pesos. Una de las principales sugerencias del principal partido de oposición apunta a que las exigencias a las empresas constructuras, que ya de por sí son elevadas, se incrementen para darle un mayor ritmo a la construcción de los barrios.

Ayer, pocas horas después de que el Ejecutivo presentara el proyecto en el Concejo Deliberante, el presidente del bloque del PJ, Guillermo Natali, planteó una serie de cambios que deberían producirse en el pliego. El principal es que las empresas construyan a un ritmo un 50 por ciento superior al que puede afrontar el gobierno municipal. Es decir, la constructora que se quede con la licitación debería tener un fuerte respaldo financiero que le permita ir construyendo viviendas y cobrarlas recién 10 meses después.

En el pliego que el gobierno envió al Concejo está establecido que la empresa o la UTE que encare la realización de la obra tendrá que adelantar inversión y construir un 40 por ciento más de lo que puede ir cancelando el gobierno. Así, como la primera etapa es de 100 casas, una vez que se complete esa cifra y el gobierno pague la obra, la constructura tendrá que tener adelantada el 40 por ciento de la etapa posterior.

El peronismo pretende que ese 40 por ciento se eleve hasta el 50, ya que la firma “se hará con un negocio de 221 millones de pesos”.

Como la primera etapa es de 100 viviendas y la segunda de 200, si se impone este criterio a fin del año próximo la empresa tendría que tener terminadas el primer cupo y la mitad del siguiente; es decir, 200 casas de clase media.

“Estamos hablando de una empresa que va a acceder a un negocio de más de 220 millones. Si los requisitos establecidos por el gobierno buscan dar garantías de la solvencia de esa constructora o esa UTE, entonces, creemos que debería estar en condiciones de adelantar por lo menos el 50 por ciento”, manifestó Natali.

Un interrogante que generan esos requisitos es si habrá empresas riocuartenses preparadas para intervenir en una licitación que, además, determina que las empresas deberán demostrar que hicieron obras de magnitud similar a las 1.000 viviendas y que tienen una capacidad de contratación por 310 millones de pesos.

Por eso, el peronismo propondrá además que, a diferencia de lo que planteó el gobierno de Juan Jure, se use la ordenanza del “Compre Río Cuarto”, que les da ventajas a las empresas locales por sobre las foráneas.

El Municipio había señalado que este caso debería ser una excepción y no tendría que aplicarse el “Compre Río Cuarto”. El PJ no piensa igual.

“Las empresas locales tienen la posibilidad de constituirse en uniones transitorias para llegar a cumplir con las exigencias. Creemos que los requisitos que se fijaron en el pliego son razonables por la magnitud de la obra. Pero nosotros pedimos que se incorpore la ordenanza 638 de 2001, que es la que comunmente se denomina Compre Río Cuarto.

Allí se prevé que en el caso de que haya una oferta económicamente superior en hasta un 2 por ciento, la obra debe adjudicarse a una firma local. Si dos constructoras cotizan en idénticas condiciones pero una de ellas es riocuartense, debe adjudicarse a la que es local”, indicó Natali.

Argumentó que es la ordenanza que está vigente y que, por lo tanto, debe aplicarse.

Además, Natali señaló que pedirán que se garantice que el 90 por ciento de los empleados sean riocuartenses, un objetivo que ya planteó el gobierno pero que la oposición pretende reforzar.

Pero, además, el peronismo reclamará que se cambien aspectos de los proyectos de ordenanza que ya están en el Concejo y que se refieren también al plan de vivienda. En total, son cuatro iniciativas las que están bajo análisis. Una modificación apuntará a que se determine como requisito indispensable que los adjudicatarios lleven un tiempo de al menos dos años viviendo en la ciudad.