La operatoria será financiada mediante un contrato de fideicomiso que la provincia suscribió con el gobierno nacional el año pasado. En el caso de Santa Fe, propone 2.000 viviendas para docentes, 1.000 para policías y 120 para personal de servicio penitenciario. Entre los requisitos para acceder a este programa, los trabajadores estatales deberán acreditar ingresos, ser residentes en la ciudad donde se construyen las viviendas, no poseer otra propiedad y no haber sido adjudicatario de una vivienda social.