La vivienda dignifica, la casa propia es el gran anhelo de todos. De acuerdo a la capacidad económica de cada familia, acceder a una vivienda es para algunos un sueño que se logra y para muchos una aspiración inalcanzable. En San Juan hay una repartición del gobierno que tiene como objetivo ayudar a concretar ese sueño: se trata del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Actualmente cuenta con casi 60 mil inscriptos; lo que habla a las claras de la necesidad habitacional que existe en un porcentaje importante de la población sanjuanina.

El martes pasado, en su discurso en la apertura de sesiones en la Cámara de Diputados, el gobernador José Luis Gioja hizo referencia al tema: “Erradicamos decenas de villas de emergencia y levantamos una nueva casa en poco más de 3 horas para completar 20 mil viviendas hacia fines del año pasado”. Según lo anunciado oficialmente, en 2012 se construirán 8.091 viviendas. Ese número no es para nada despreciable pero la demanda sigue creciendo y hay otros factores a tener cuenta, más allá de la decisión política de avanzar en distintos programas de construcción de viviendas, algunos con financiaciónprovincial y otros con la ayuda de la Nación.

Primero, las erradicaciones

Desde el inicio de la gestión giojista en el año 2003, la construcción de viviendas fue uno de los aspectos más demandados. Todavía hoy existe un déficit importante de viviendas y por eso todas las que se levantaron parecen pocas porque mucha gente sigue esperando. Ni hablar de aquellas familias que desde hace años -en muchos casos más de 20- están inscriptas en el IPV con la ilusión de tener su casa propia.

El gobierno provincial comenzó a saldar ese déficit y empezó por quienes menos tienen. La erradicación de villas de emergencia le cambió la cara a varios departamentos de San Juan y además permitió que familias de escasos recursos pasaran de un rancho o casa precaria a una vivienda digna. Este plan de erradicación de villas fue un éxito e incluso fue tomado como ejemplo por el gobierno nacional y por varias provincias. En total se erradicaron más de 60 villas o asentamientos y se puso punto final a muchas que eran emblemáticas, históricas y hasta consideradas peligrosas.

La villa Montes Romaní, La Paloma, General San Martín, más conocida como “El chorizo”, son sólo algunos de los ejemplos.

La postergada clase media

Sin embargo, mientras la deuda habitacional de a poco se iba saldando, paulatinamente fue creciendo el clamor de un sector de la población que por años se sintió desplazado, postergado y sin chances de llegar a tener su casa: la clase media; familias con trabajo a las que se les hace imposible acceder a créditos hipotecarios pero que sí pueden hacerse cargo de una cuota mensual del IPV.

El gobierno provincial entendió que la clase media también requiere posibilidades para acceder a una vivienda. Lo primero que se hizo fue en septiembre de 2009. Un total de 2.271 casas fueron sorteadas entre un padrón de 48 mil inscriptos en el IPV, incluyendo discapacitados y ex combatientes de Malvinas.

El otro gran anuncio para la clase media fue en octubre del año pasado. El gobernador confirmó que la Provincia aportará $150 millones para darle mayor empuje a la operatoria individual, que está dirigida a las personas que no tienen acceso al crédito bancario y que poseen algún terreno a su nombre, con ingresos mensuales que permitan el pago de las cuotas que no superan los $1.000. Se entregarán hasta 1.000 créditos de esta operatoria que, como era de esperar, está teniendo una alta demanda.

Este anuncio apuntó a solucionar un déficit de vivienda del sector de la población que puede pagar una cuota de entre $700 y $1.000. Gioja aclaró que “no es para quien tiene varios terrenos o 100 hectáreas de parrales, porque esa gente puede ir y pedir un crédito. Es para aquellos que no tienen vivienda, que son profesionales o trabajadores pero que no califican para un crédito”.

La postergada clase media recibió la noticia con los brazos abiertos. Otro de los sectores que viene sosteniendo el reclamo por viviendas es la CGT. Más allá de la necesidad habitacional este pedido tiene una connotación política: la CGT viene apoyando distintas medidas del gobierno a las que ve beneficiosas. La relación de la central obrera con el gobierno de Gioja es buena y dista mucho de la tirantez y rispidez que existe hoy entre la presidenta Cristina Fernández y el líder de la CGT a nivel nacional, Hugo Moyano.

Los distintos gremios que integran la central obrera están peticionando al gobierno para que también estos trabajadores sean tenidos en cuenta en los planes habitacionales, que vienen muy postergados. Tal vez por la buena relación, el reclamo no haya sido más duro o efusivo, pero está claro que en los últimos meses los gremios empezaron a perder la paciencia y a pedir definiciones. El anuncio fue en 2007. Se dijo oficialmente que 1.300 casas corresponderían a la CGT, de las cuales hasta ahora sólo unas 450 se materializaron. Se trata de 4 barrios para los gremios UOM, Luz y Fuerza, SOEVA y FOECYT, que el gobierno provincial construyó con fondos propios. El año pasado se ratificó que había un cupo de entre 900 a 1.100 viviendas para la CGT, destinadas a trabajadores de gremios como SOEME, Ceramistas, Televisión, SMATA y Panaderos, entre otros.

El problema surgió por la falta de fondos desde la Nación. Primero se habló del financiamiento de ANSES, luego que sería a través de fondos del tesoro nacional hasta que finalmente se ratificó que se construirían con dinero de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Así fueron transcurriendo los meses y la demora se acentuó. Por ahora ninguna de las 1.100 viviendas prometidas ha comenzado a levantarse. Sin embargo hay optimismo desde el gobierno y desde los gremios (ver página 6). El ministro de Infraestructura, José Strada, dijo que San Juan tiene el fideicomiso constituido y todo listo para comenzar a construir estos barrios en abril. Falta la firma con ANSES para que el financiamiento esté garantizado.

Eduardo Cabello, delegado de la CGT, dijo que “la semana que viene se estaría rubricando la firma y anunciando la postergada construcción de esas casas”. Hay apuro en el gobierno por destrabar los fondos y comenzar rápidamente con las obras. Incluso algunas fuentes oficiales consultadas aseguraron que apenas se concrete la firma del fideicomiso con ANSES, iniciarán las obras, aunque sea con fondos provinciales. Por eso en estos últimos días hubo intensas reuniones entre quienes deben resolver el tema desde el gobierno provincial: el ministro de Infraestructura, el secretario de Obras, Vicente Marrelli, y el Interventor del IPV, Martín Juncosa.

Lo que inquieta y genera incertidumbre en algunos dirigentes gremiales no es sólo la demora en las obras sino también la garantía de los recursos: plata no es justamente lo que sobra en las arcas de la Provincia y la Nación. Uno de los dirigentes más fuertes de la CGT contó que ven con preocupación el rumbo económico del país y cómo puede incidir en el cumplimiento de los fondos prometidos para obras públicas, como por ejemplo la construcción de viviendas.

Además, la inflación es otro de los factores que, como en todo sector, afecta y mucho. Promesas, concreciones, sueños y realidades. Erradicación de villas, clase media o gremios; cualquiera sea el destino una casa levantada es motivo de satisfacción porque muchos lograron el sueño, aunque otros tantos deben seguir esperando. Así ha sido en los últimos años y así seguirá siendo.