La Comisión de Preadjudicación que actuó en el proceso de licitación de las 1300 viviendas ,que construirá el Gobierno durante este año, emitió ya un dictamen favorable por el que recomienda la preadjudicación de las obras a las empresas que presentaron ofertas y que se abrieron en el acto que se realizó el 6 de marzo.
El trámite se encuentra próximo a la resolución de adjudicación que debe realizar el administrador del IPV, Dante López Rodríguez.
Sin embargo, antes de comunicar la decisión a las empresas que resultaron beneficiadas, los expedientes serán revisados por el Tribunal de Cuentas que deberá emitir dictamen. Si no hay observaciones al proceso, entonces las empresas estarán autorizadas para concretar la obra. "No hubo impugnaciones y, al no haber más de un oferente, la comisión se limitó a evaluar ofertas y el cumplimiento de los requisitos exigidos por el pliego", explicó el abogado Oscar Carrizo Safe que integra la comisión junto a Cristina Pérez, presidenta de la misma, y la directora de Contabilidad y Administración del IPV, Mariela Olivera.
"Al existir un sólo proponente se aconsejó adjudicar la obra porque se cumplía con todos los requisitos exigidos en el pliego, excepto por una sola licitación que fue rechazada en la apertura".
Sobre un total de 39 licitaciones para construir viviendas en capital y el interior, hay 36 que ya fueron preadjudicadas; dos quedaron desiertas porque no se presentaron ofertas y solo una se rechazó la propuesta por incumplimiento de alguno de los requisitos.
Carrizo Safe explicó que por la ley de Obras Públicas no hay impedimentos para que la obra se adjudique con un solo proponente, siempre y cuando se haya cumplido con todos los requisitos necesarios para permitir la participación.
Bajo sospecha
El proceso de licitación quedó bajó sospecha a partir de una investigación de El Ancasti en el que se reveló una lista que circuló en los días previos y que daba cuenta del modo en que se distribuirían las obras con las ofertas presentadas por distintas empresas constructoras, antes de la apertura de los sobres.
La nómina con el presunto reparto previo coincidía prácticamente en su totalidad con las propuestas elevadas al organismo oficial. Es por eso que se sospechó de la existencia de un acuerdo previo entre las empresas que conforman la Cámara de la Construcción.
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