Para avalar esa hipótesis, desde las usinas mediáticas del oficialismo se ha cuestionado duramente a quienes han osado insinuar que la Justicia debería investigar también a la agrupación presidida por Hebe de Bonafini como al propio gobierno nacional. Semejante insinuación mereció de parte de comunicadores afines al kirchnerismo una llamativa condena: "Ahora quieren ir por los derechos humanos", dijeron.

Pero lo cierto es que, mientras desde el oficialismo se insiste en que el caso debería circunscribirse a la labor de un gerenciador deshonesto, que cobraba un sueldo como apoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo, en referencia a Schoklender, es imposible obviar que lo que estaba en juego eran fondos públicos, originados en los impuestos de todos los ciudadanos.

Hay que recordar que las principales denuncias en torno del programa Sueños Compartidos se relacionan con la existencia de sobreprecios de hasta el ciento por ciento en las obras de viviendas que se encararon en la Capital Federal, Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco por unos 300 millones de dólares.

También ha trascendido la existencia de presiones del gobierno nacional a funcionarios porteños y provinciales con el fin de que se contratara directamente a la fundación de las Madres para proyectos de viviendas sociales, algo que solía tener efecto dado que los fondos para las obras eran girados por la Subsecretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Planificación Federal de la Nación.

La investigación de la Justicia y de los legisladores nacionales no debería detenerse en Schoklender como apoderado de las Madres. Debería tratar de determinar si hubo uno solo o muchos Schoklender; si se repiten los sobreprecios en casos similares y, finalmente, si existieron retornos a funcionarios, que terminaron pagando todos los argentinos. En otras palabras, si debemos hablar de "caso Schoklender" o, más bien, de "viviendagate".

Resulta vital, para eso, que se conozcan todas las transferencias que haya hecho el gobierno nacional a distintas organizaciones no gubernamentales con destino a la construcción de viviendas sociales, como lo han exigido diputados de la oposición, encabezados por los representantes de la Coalición Cívica.

Es fundamental tener claro que no están en discusión aquí los derechos humanos. Lo que se discute es a dónde fueron a parar fondos del Estado nacional.