Hay que agregar otra estrategia del oficialismo. Echar culpas sobre otros. Una de las últimas expresiones que brindó el gobernador fueron pocas afortunadas. "Muchos agricultores aprovecharon muy bien los recursos del Pro Alimentos, pero otros se los fumaron", disparó el gobernador Maurice Closs luego de ratificar que invertirá 10 millones de pesos en el Ingenio Azucarero de San Javier, que debería tener por lo menos entre 600 y 700 hectáreas plantadas este año. A este ingenio el dinero llegó, pero las inversiones jamás se realizaron. Nunca se investigó el destino de esos fondos.

La mayoría de los créditos mencionados anteriormente, salen del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), donde el actual presidente es Ricardo Maciel. Antes se mantuvo el cuestionado Raúl Revinsky, ahora devenido en diputado. Cabe destacar que en lo que duró el, ahora legislador, hubo cerca de 46 denuncias por desmanejo y desvíos de fondos.

Pero el IFAI, siempre ha sido criticado por sectores de la oposición por la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos que utiliza el instituto al momento de entregar créditos o millonarios subsidios.

Por la liquidez monetaria que maneja el IFAI, se ha convertido en el tercer ente público que mayor dinero maneja en la provincia. La primera es Emsa y la segunda es el Iplyc. Todos estos entes del Estado no tienen ningún sistema de control. Algunos dirán, ´y el Tribunal de Cuentas´, organismo de la Constitución Provincial que tiene el control externo posterior de las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales y de reparticiones autárquica. Además indica a los funcionarios responsables en los desmanejos de montos y las causas de las irregularidades que le dieron origen.

Este “honorable” organismo a cargo del abogado Pedro Perpetuo Forés, lamentablemente no cumple con la jerarquía y funciones que le ha dado la Constitución Provincial. Hasta el momento solo pudo “encontrar” desmanejos administrativos y financieros en el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del cuestionado funcionario renovador Joaquín Losada y en la gestión del ex intendente de Puerto Iguazú Claudio Filippa. El resto: Emsa, IFAI, Iplyc, etc., cuentan con impunidad total.

Es evidente que existe una cadena de responsabilidades (o de favores). Desde el gobernador Maurice Closs, que sabe sobre los desvíos de fondos y no los denuncia. Esto implica sin duda que existe complicidad implícita por omisión de los hechos. Y por parte de los organismos de contralor de las instituciones públicas, que no han dedica tiempo en ver si las multiplicidad de denuncias por irregularidades en las entidades son fidedignas o no.

Pero lo peligroso de todo este contexto irregular que recae en la gestión del gobernador Maurice Closs, es el daño que se le hace a la institucionalidad democrática. Hoy no será palpable el daño causado por los funcionarios corruptos que “adhieren” a la corona, puesto que el ciudadano está ocupado en el día a día. Pero el daño que causamos a las generaciones futuras es irreparable.