En diálogo con REALPOLITIK, Virginia Pérez Cattaneo expresó que “Absa se está negando a escuchar a la gente porque no había ningún impedimento para realizar una audiencia pública donde los usuarios podamos discutir todas estas cuestiones que son muy de fondo”.

RP.- ¿Por qué no hubo acuerdo en esta conciliación?

No hubo acuerdo porque la postura que mantuvo la gente de Absa y de la provincia -que estuvo representada por gente del ministerio de Infraestructura-, fue totalmente cerrada. Nunca accedieron a ninguno de los planteos que le hizo el juez, que tenían que ver con algunos acuerdos respecto de convocar a una audiencia pública y de suspender el aumento.

Sobre eso se debatieron varias alternativas y no tuvieron en cuenta ninguna. Mucho no se pudo acordar porque era todo “no”. Una negativa absoluta. Ellos no consideran la posibilidad de llamar a la audiencia pública porque no lo creen necesario, y no van a rever el aumento tarifario, tampoco depositando en el juez toda la autoridad para que resuelva lo que tiene que resolver. Y el juez se dio cuenta y manifestó su opinión diciendo que no había ganas de conciliar.

RP.- ¿Cómo actuó el juez durante la reunión?

Árias estuvo totalmente conciliador, ofreciéndoles varias instancias para la realización de la audiencia para que cada parte pudiera expresar su posición, la negativa de Absa y del gobierno de la provincia fue rotunda.

Se habló mucho de la cuestión jurídica y yo lo que le planteé era que no solo se estaba discutiendo en ese ámbito de la legalidad del decreto, sino de la legitimidad del aumento. Y la única manera de que ese aumento tuviera legitimidad era con la realización de la audiencia pública. Pero ellos se niegan, y lo único que ofrecen es dar la información a los usuarios sobre los motivos del aumento cuando eso es un derecho, porque la información es un derecho de todos los usuarios.

RP.- A todo esto, ¿cuál era el rol del defensor del Pueblo, Carlos Bonicatto?

Bonicatto siempre quiso reconciliar. Ofreció el ámbito de la defensoría para conciliar entre las partes, pero ellos aceptaban solo hacer unas reuniones informales y acotadas, con algunos grupos elegidos por ellos. Nosotros dijimos que sí, siempre y cuando ellos suspendieran el aumento y hasta tanto que escuchen a los usuarios.

RP.- Teniendo en cuenta la inflación por la que atraviesa la Argentina, ¿se habló de la posibilidad de aceptar un aumento menor, o sea, en lugar del 180 por ciento, un 50 por ciento de incremento por ejemplo?

Sí, eso fue algo que se discutió. Pero también se abordó el tema de la tarifa social de Absa, que para que alguien pueda acceder a esa tarifa social, el ingreso de la familia tiene que ser de 450 pesos. Imaginate que ni una persona que recibe la asignación universal por hijo cumple el requisito para pagar una tarifa social del agua.

Nosotros le discutimos el tema de la readecuación y ellos lo que dicen es que el porcentaje de aumento tiene que ver con sostener la operatividad de la empresa, pero nosotros sabemos que la empresa no es operativa y además es deficitaria en lo que hace a la prestación del servicio.

La audiencia duró dos horas y media, y hasta último momento el juez estuvo proponiendo la posibilidad de conciliar. Siempre se discutió la parte judicial, no se tuvo en cuenta la postura de los usuarios que reclamamos por la ilegalidad del aumento. Además no es legítimo por la deficiencia en la prestación del servicio.

RP. El fallo del juez será a fin de mes. ¿Tiene algún pálpito sobre lo que decidirá Árias?

Sinceramente no sé cómo va a fallar el juez. Lo que sí, fue muy mal visto por todos los que estuvimos en la reunión la postura tan radicalizada que trajeron tanto el gobierno de la provincia como la misma empresa.

Árias dirá definitivamente si el decreto queda nulo o no. Y allí quedará también el tema del aumento tarifario que por consiguiente se declarará nulo. Iremos después a la cámara de Casación y a la Corte, y seguiremos, porque la empresa va a apelar seguramente.

Lo más claro es que Absa se está negando a escuchar a la gente porque no había ningún impedimento para realizar una audiencia pública donde los usuarios podamos discutir todas estas cuestiones que son muy de fondo. Nosotros quizá hasta hubiésemos entendido que sea factible o necesario un aumento, pero discutiendo la cuestión de fondo, que es la prestación del servicio de la empresa.