No hacen falta demasiados datos más para mostrar públicamente los hábitos autoritarios del juez Jorge Ferro, pero en este caso vale la pena poner en el tapete la forma en que la mera acusación puede ser un camino sin salida.

Hace pocos días, este medio ya había dado detalles acerca de la manera en que el camarista en cuestión logró acumular propiedades, haciendo uso de maniobras poco santas: se había comprado una casa en calle Tierra del Fuego al 500 a través de un crédito del Banco Hipotecario, que estaba reservado para la adquisición de vivienda única. Es decir, con todas las letras, se hizo de un capital que la entidad crediticia pone a disposición de aquellos que no han podido acceder a la vivienda de otra manera. Personas que obtienen recursos de su trabajo, pero no cuentan con otras propiedades de respaldo. En este caso, Ferro impunemente se aprovechó de tales beneficios, cuando ya contaba con dos bienes inmuebles, en las calles Quintana al 300 y Catamarca al 700. Como se verá, dos zonas de alta tasación inmobiliaria.

El juez fue denunciado por este hecho, pero la situación derivó en el silencio. Primero la causa fue archivada, y luego vino el sobreseimiento definitivo, gracias a la inmensa "colaboración" de los jueces Jorge Sirochinsky y el "amigo" Daniel Vázquez.

Pero la historia del juez Ferro no es de hoy. Fue designando como juez federal en Azul por la dictadura militar de 1976, y juró por las actas del proceso, teniendo muy lejos la Constitución Nacional, acerca de la cual hoy pretende dar cátedra. Ya en democracia, fue ratificado en sus funciones como juez federal en Mar del Plata, y en 1992 como juez de cámara. En ninguna de estas instancias fue legitimado por un concurso, ya que en aquel momento el sistema no los proveía.

Como camarista, intentó concursar un cargo de igual rango al que hoy ostenta, pero quedó en los últimos lugares de la evaluación. En cuanto al desempeño académico, concursó una única vez para lograr ser profesor adjunto en la materia de Teoría Constitucional, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y no pudo acceder. Posteriormente se produjo la oportuna renuncia de dos docentes con más puntaje y entonces logró ingresar. Hoy es docente adjunto interino en esa unidad académica.

Como se verá, su historia no está plagada de condecoraciones institucionales, sino más bien de francas oportunidades del destino o de vaya a saber quién.

Según ha comentado más de uno, su metodología habitual en el desempeño laboral dentro del Poder Judicial ha sido la de abrirse espacio a través de la denuncia, la impugnación y aun el denuesto público.

Esta vez, sus cañones se enfocaron a impugnar al juez Eduardo Jiménez ante la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura aduciendo la falta de idoneidad del postulante, que intentaba concursar el cargo de vocal en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. En su documento decía que Jiménez mostraba "un notorio desconocimiento inexcusable del derecho", además de "actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones, y favoritismo para con algunas de las partes, que afectaban el ejercicio del cargo y la parcialidad de su decisión".

Ferro habló de Jiménez diciendo que su conducta era "arbitraria, contradictoria y desacertada por resultar contraria a lo que el juez debe respetar y fallar: la Constitución, el derecho y la ley". Y adjuntó una serie de causas en las cuales Jiménez ha dictado sentencia, que pretenden oficiar de pruebas documentales para sostener la impugnación.

Dijo además que Jiménez había nombrado dos meritorios sin dar cuenta de ellos ante sus superiores. Solicitaba lisa y llanamente que se lo separara de la lista de concursantes.

Humanum est

Por supuesto que Jiménez se defendió, pero desgastó en la acción muy poca energía. Dijo que Ferro lo criticaba haciendo una encendida defensa de sus propios pareceres o intereses personales que no vienen al caso. Y agregó que tales opiniones habían sido vertidas de un modo "groseramente descalificador, con inusitada soberbia y maledicencia". Y tuvo razón. De hecho, si bien la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata es un cuerpo colegiado, sólo Ferro a título personal elevó la impugnación, ya que no lo respaldó el organismo ni ninguno de sus miembros. Dice Jiménez: "jamás he recibido advertencia o admonición alguna, ya sea por ese cuerpo colegiado o de alguno de sus miembros, respecto de mi accionar en sentencias que tal Cámara de Apelaciones hubiese revisado".

Admitió de sí mismo que sabe que puede haber fallado, como cualquier ser humano. "No me considero infalible", dijo, sobre todo porque acepta que se encuentra al frente de un juzgado colapsado en el marco del cual ha dictado unas 20.000 sentencias en los ocho años que ha llevado adelante el cargo: "ninguno de los errores que me endilga Ferro han generado perjuicio alguno para nadie", afirma, "son a lo sumo diversas percepciones jurídicas".

Jiménez se recibió de abogado en la Universidad de Mar del Plata en 1985, y se especializó en Derecho Constitucional en la Universidad de Cambridge y en Salamanca en dos años consecutivos. Es Magíster en Derecho y Política ambientales por el País Vasco. Ha publicado 18 libros como autor o coautor, y unos 200 artículos. Es docente titular concursado en la asignatura de Derecho Constitucional en la Universidad local, y adjunto concursado en Derechos Humanos y Garantías. Ya en 1983 ingresó por concurso al Juzgado Federal de la ciudad como auxiliar, y en el ‘88 accedió -también por concurso- al cargo de secretario federal en el mismo juzgado.

Jiménez concursó dos veces para el cargo de magistrado antes de acceder al que hoy ocupa. En aquellas ocasiones, alcanzó la terna final, aunque no fue finalmente el designado. Ya en 2002 ganó el concurso del cargo de juez federal en el Juzgado Federal Nº 2, es decir el que hoy ocupa.

Fuera de orden

El Consejo de la Magistratura se expidió tras un extenso proceso de investigación cuyo informe final fue confiado a Miguel Ángel Gálvez, y ratificado por todo el cuerpo supervisor. Dijo que ese consejo tiene funciones administrativas, que no puede inmiscuirse en la competencia jurisdiccional. Sanciona para lograr disciplina en el cumplimiento de las reglas ordenatorias para la administración de un universo de conflictos, y no para imprimir determinada línea a los actos procesales. Es decir, que no es su función revisar las decisiones de los jueces en uso de su legítima jurisdicción.

Siguió el informe diciendo que no hay en los registros de la Comisión de Disciplina y Acusación ninguna sanción para el juez Jiménez que responda a falencias en el ejercicio de su judicatura, ya que los supuestos errores que señala Ferro no son más que divergencias en la interpretación de la norma que se encuentran fuera de la competencia del órgano de control. Sólo son revisables judicialmente mediante los procedimientos previstos.

No se puede recurrir a ese Consejo por disidencias con las resoluciones dictadas por los organismos de justicia. Si así fuera, la independencia del Poder Judicial estaría en la ruina: "no se observan irregularidades ni sentencias impropiamente fundadas; en suma, actos que perjudiquen su investidura pública o afecten el ejercicio efectivo de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional".

Es propio del hombre autoritario mezclar el desacuerdo ideológico, político y aun filosófico, con el derecho de los otros a ejercer diversas acciones humanas de acuerdo con los principios que son de por sí diversos. Es propio del autoritario creer que su interpretación de la realidad es la única que existe sobre el universo. Propio de ellos también, considerar que todo lo que difiera en un ápice de su postura debe de ser erradicado, prohibido, impugnado.

Esta vez no funcionó. Ha corrido un poco de agua bajo el puente como para que se aprenda que la disidencia y el error son cuestiones distintas. Esta vez, la calumnia se fue con el violín, a la bolsa.