Como en casi todas las campañas nacionales y provinciales, los artículos de las leyes electorales referidos al financiamiento de la actividad proselitista son los menos respetados por las fuerzas intervinientes, en especial las agrupaciones mayoritarias.

En el caso de Córdoba y la elección a gobernador del 7 de agosto, los partidos debían presentar el lunes pasado un informe previo de gastos, con detalle de los aportes privados.

Anoche, el Tribunal Electoral provincial informó que sólo algunas agrupaciones cumplieron con ese requisito, sin precisar cuáles son las fuerzas que lo hicieron y las que no.

El artículo 230 de la ley electoral sostiene que “los responsables políticos de campaña electoral deben elevar al Juzgado Electoral, con 15 días de antelación a la celebración de una elección, un informe detallado de los aportes privados recibidos, con indicación del origen, monto y destino de los mismos”.

Y el 231 reclama un informe completo, con todos los gastos documentados, 60 días después de los comicios.

Números. Asimismo, la ley electoral establece que ninguna fuerza política puede gastar más de 9.198.929,12 de pesos. Esto es a partir de que la norma fija como tope máximo el 2 por mil del salario mínimo vital (3,68 pesos) y móvil por elector (2.499.709).

Pero ya hay fuerzas políticas que habrían sobrepasado holgadamente esa cifra, cuando todavía falta la semana y media más intensa de la campaña electoral.

Unión por Córdoba llevaría gastado sólo en publicidad de los tres canales de aire y las radios de mayor audiencia de la ciudad de Córdoba al menos seis millones de pesos, según datos extraoficiales de agencias y empresas de comunicación. Según esos datos preliminares, la UCR habría erogado alrededor de tres millones en similar concepto. El Frente Cívico no alcanzaría los 300 mil pesos de inversión en esos medios.

A ese gasto publicitario debe sumarse el gasto en otros medios de Capital e interior, la realización de las piezas, el asesoramiento de consultoras, la contratación de agencias, las encuestas, los afiches, la publicidad callejera, los volantes, la logística, los traslados, la organización de actos, el personal contratado, el alquiler de locales, las comunicaciones y una larga lista de rubros que hacen la cifra final de gastos de campaña. Por ende, ya habría dos agrupaciones que estarían muy por encima de esos 9 millones de pesos que la ley pone como tope.

Los artículos de la ley electoral que establecían financiamiento estatal de la publicidad audiovisual fueron suspendidos y el Estado provincial hace un aporte de fondos en función de la última elección. Unión por Córdoba recibió 2,4 millones, el Frente Cívico 1,8 millón y la UCR 1,6 millón.