Agosto de 2006. Una mujer pide la autorización judicial para que se le practique un aborto a su hija. La chica es discapacitada y fue abusada sexualmente. Como consecuencia de la violación, quedó embarazada. El caso cabe perfectamente en las contemplaciones marcadas en el artículo 86 del Código Penal, que establece que la interrupción del embarazo en hechos como estos no es punible. Aún así, en el Hospital Militar de Mendoza, los médicos se niegan a realizar la intervención.

La madre, desesperada y para evitar que avance el embarazo, pide a un juez civil que la habilite. Desde la Justicia le dan el visto bueno y, antes de que pueda acudir a un centro de salud, el caso trasciende en los medios de comunicación y toma estado público.

A partir de ese momento comienzan a actuar los grupos denominados ProVida, que están en contra del aborto bajo todo punto de vista, e interponen una acción judicial para impedir que se lleve adelante.

Una Cámara Civil hace lugar a la petición de los abogados ligados con el sector más reaccionario del catolicismo, nucleados en la ONG Vitam, y se suspende temporariamente el accionar de los médicos.

La madre de la chica violada comienza entonces un largo peregrinaje por Tribunales y medios de comunicación. Pide por favor que la dejen actuar y que no se metan en su vida ni en la de su hija. Es una niña con síndrome de Lennox-Gastaut,, que entiende muy poco lo que está ocurriendo, pero que se muestra confundida y deprimida.

Se trata de un caso testigo, comparable con el que por estas horas genera polémica y debate en la Ciudad de Buenos Aires. Una mujer violada, un pedido de aborto no punible y la irrupción judicial de abogados que, sostienen, tienen el derecho de imponer a sus creencias y sus ideas aun por encima de la ley.

En Mendoza, hace seis años, la causa llegó a la Suprema Corte y fue la ex ministra Aída Kemelmajer de Carlucci la responsable de decidir. El desenlace de esa historia quedó así en manos de una de las juristas más prestigiosas del país. Y sólo necesitó unas horas para resolver.

En poco más de una carilla y media se plasmó un fallo que bien podría ser utilizado ahora como jurisprudencia; principalmente, por el nivel de la autora, por la simpleza de la pieza jurídica y por la similitud entre un hecho y otro.

Kemelmajer, luego de hacer un relato de toda la historia, sentenció: "Tengo pues, en claro, que ni VITAM Asociación Civil sin fines de lucro, ni ninguna otra persona ajena a la intervención médica requerida, está legitimada para recusar al tribunal ni, mucho menos, para plantear la suspensión de la interrupción ordenada por un tribunal competente en el ámbito de sus funciones específicas".

Fue una forma por demás elegante para decir lo que, coloquialmente, hubiese sido algo así como "los del afuera son de palo".

Finalmente, el aborto se realizó un día después, el 23 de agosto de ese año. Fue en un hospital público y a escondidas para evitar escraches.