Las autoridades de Villa María esperan que entre hoy o mañana el Tribunal Superior de Justicia haga lugar al recurso de apelación por reposición que presentó el asesor letrado municipal Luis Rey contra el embargo dispuesto por la jueza de Primera Instancia y Primera Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad, Ana María Bonadero de Barberis, sobre todas las cuentas del Estado local por un monto total de casi 5 millones de pesos.

"Hemos solicitado al máximo cuerpo judicial de Córdoba que suspenda el embargo mientras se expide sobre la cuestión de si fue correcta o no la planilla que se utilizó para calcular los intereses de la cifra que le corresponde cobrar a Juan Heriberto Tissera en el marco de este juicio civil contra la Municipalidad de Villa María. Si hacen lugar a nuestra petición, la magistrada deberá liberar todas las cuentas afectadas por su resolución", explicó Luis Rey en diálogo con LA MAÑANA.

La situación planteada es por demás grave para el Estado villamariense, puesto que tiene inmovilizadas todas sus cuentas bancarias, no sólo la de Rentas Generales, sino también las de afectación específica como Sueldos, Salud y del Instituto de Viviendas.

"Si se mantiene el embargo establecido por Bonadero de Barberis corre serio riesgo la prestación de los servicios esenciales de parte de la administración comunal. Nosotros creemos que se calculó erróneamente la cifra de intereses que le corresponde percibir a Tissera por el tiempo transcurrido desde que se inició la demanda en la década del ‘80. El fue dejado cesante por el gobierno militar en 1977 y fue denunciado penalmente por mal desempeño de sus funciones. Cuando prescribió esta causa en 1984 sin ninguna sentencia, Tissera inició la demanda civil contra el municipio exigiendo una compensación económica. De los 40 mil pesos originales se llegó a una cifra de 4 millones de pesos, más otro millón que corresponde de honorarios para los abogados intervinientes. El ya cobró 400 mil pesos a cuenta. Nosotros creemos que la Justicia calculó mal los intereses y por eso apelamos al Tribunal Superior", enfatizó el colaborador del intendente Eduardo Accastello.

Si el Tribunal Superior hace lugar a la petición del municipio, la jueza deberá levantar el embargo trabado la semana pasada, hasta que se determine si la planilla utilizada fue correcta o no. Si en cambio el alto cuerpo judicial rechaza el recurso, la Municipalidad planteará como última instancia un nuevo recurso denominado "acción autónoma basado en cosa fundada", muy similar al que se utilizó a la hora de definir los honorarios de abogados en el juicio conocido como "Caso Centro Financiero". Esta opción le permitiría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.