El titular del Colegio de Magistrados del Departamento Judicial Junín, Miguel Ángel Vilaseca, cuestionó la decisión de que políticos puedan evaluar éticamente a los jueces.

“Nosotros tenemos el control permanente de la Corte, que tiene un cuerpo de inspectores que periódicamente va controlando el movimiento de los expedientes. Si ellos consideran que hay alguna irregularidad, hacen las actuaciones administrativas, llamado de atención, apercibimiento y si corresponde, hacen la denuncia ante el Jury de Enjuiciamiento. En nuestro Departamento Judicial ya hay un juez momentáneamente suspendido porque enfrenta un jury”, explicó.

El magistrado señaló que “este tipo de evolución periódica que se propone, sobre todo la ética, quisiera saber a cargo de quién estará. El Consejo de la Magistratura está compuesto mayoritariamente por la clase política. Si vamos a ser evaluados éticamente por los políticos, va a estar complicado el asunto”.

Además, contó que “el viernes pasado estuvimos reunidos los 18 presidentes de los Colegios Departamentales en San Nicolás, donde se trató este tema, y el Colegio seguramente dará un comunicado aunque primero hay que saber de qué se trata, cómo se implementará”.

“A mí no me parece mal el control, de hecho es algo necesario, pero ya está la Oficina con diez mil personas trabajando en esto, mirando hasta a qué hora se encienden las máquinas, tenemos todo controlado”, apuntó Vilaseca.

Jefatura

Por otra parte, sobre la propuesta de crear una Jefatura de Fiscales y de Defensores Oficiales, dijo que “hoy tenemos a la doctora Falbo que es jefe de los fiscales y de los defensores, y acá ya hay un fiscal general y otro defensor general. Deben estar separados, porque representan intereses distintos. Esta parte de la iniciativa no la veo mal”.

La propuesta

En la iniciativa bonaerense y en lo que se refiere directamente a magistrados, el paquete de normas proyectadas prevé los siguientes puntos:

1) Se sumarán condiciones y requisitos a los postulantes a magistrados, durante el proceso de selección.

2) Los magistrados (jueces, camaristas, fiscales, defensores) ya en funciones, serán evaluados periódicamente para “constatar que mantienen las condiciones” psicofísicas y éticas, entre otras, que les permitieron acceder a los cargos. Esas evaluaciones serán efectuadas por el Consejo de la Magistratura.

3) Todos los magistrados y secretarios de la Justicia provincial estarán alcanzados por la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales y cumplir con otras exigencias que se prevén en el proyecto de ley de ética en el ejercicio de la función pública, que también fue ingresado ya en el Senado, y que incluye además a los legisladores, el gobernador y todos los funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

4) Se podrá disponer el apartamiento preventivo de los magistrados que sean denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento.

5) El Procurador General de la Corte tendrá sólo la función de superitendencia sobre el Ministerio Público. Y se crearán sendas jefaturas de los fiscales y de los defensores oficiales.

Estas medidas están previstas en proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura, de Jury y del Ministerio Público, así como en la iniciativa de ética de funcionarios.