Tres horas y diez minutos estuvo en el estrado el doctor Medardo Ávila Vázquez declarando y dando detalles de las enfermedades que padecen los vecinos de barrio Ituzaingó Anexo a partir, supuestamente, de la contaminación producida por las fumigaciones con agroquímicos.

El ex subsecretario municipal de Salud en la gestión Juez, es uno de los impulsores del juicio que comenzó ayer contra dos productores y un aeroaplicador, el primero en su tipo en el país y Latinoamérica.

El debate, presidido por el doctor Lorenzo Rodríguez y cuyo tribunal se completa con los camaristas Mario Capdevila y Susana Cordi Moreno, se inició con una hora y media de retraso en medio de numerosas expectativas dentro y fuera del Palacio de Tribunales II.

La prensa “acorralada” en un rincón intentaba plasmar en fotografías y filmaciones los rostros de cada uno de los presentes. Principalmente los imputados, Francisco Rafael Parra, Jorge Alberto Gabrielli y Edgardo Jorge Pancello, acusados del presunto delito de contaminación ambiental reiterado. En el caso de los primeros como supuestos instigadores.

No bien el presidente del tribunal de la Cámara Primera del Crimen se sentó, surgió el primer planteo de las defensas. El doctor Juan Manuel Aráoz revocó a Ávila Vázquez como querellante al considerar que cuando realizó la denuncia era funcionario municipal (no lo es más desde junio de 2009) y por no representar a los vecinos de barrio Ituzaingó.

“Ha perdido legitimidad activa”, indicó el defensor de Francisco Parra, lo que también fue avalado por los abogados Carlos Hairabedian y Alejandro Pérez Moreno.

El planteo de nulidad, rechazado de plano por el fiscal de Cámara, Marcelo Novillo Corvalán, al considerar que se lo hacía fuera de término, y tras un cuarto intermedio, esa postura fue avalada por los jueces.

La acusación

Luego que se conocieran detalles de los tres episodios por lo que los acusados están siendo juzgados y que hacen referencia a hechos ocurridos a fines de enero y principios de febrero de 2008, el tribunal consultó sobre las condiciones personales de los imputados.

Entre los aspectos más llamativos, Edgardo Pancello (44) diferenció su trabajo de aeroaplicador de la fumigación. Indicó que el trabajo con el avión “se realiza, se aplica, en una zona específica mientras que fumigar es con humo”. Otro punto fueron los ingresos mensuales, entre 6 a 7 mil pesos aproximados, que declararon los productores Francisco Parra (57) y Jorge Gabrielli (51). En ambos casos indicaron que trabajaban en sus campos propios, pero también reconocieron que arrendaban propiedades.

Los dos productores, con algunas dudas, dijeron estar inscriptos en el Registro del Ministerio de Agricultura de la Provincia.

Aunque los tres acusados negaron los hechos y se abstuvieron de declarar, en el caso del aeroaplicador Pancello se incorporó la testimonial brindada en marzo de 2009 ante la Fiscalía donde sostuvo no conocer a los otros imputados, agregando que para la fecha de los hechos estaba trabajando en el sureste provincial además de festejar el cumpleaños de su esposa.

Para cuando el doctor Ávila Vázquez, querellante y primer testigo del caso, se sentó en el estrado ya había pasado casi dos horas de juicio. Un segundo cuarto intermedio lo motivó el pedido del ex funcionario de apoyarse en un Po-

werPoint preparado para la ocasión.

Para los defensores, la presentación resultaba “ociosa” para el debate. Además, la constante referencia a la problemática sanitaria planteada presuntamente por los efectos de los agroquímicos en los vecinos de barrio Ituzaingó Anexo, por parte del testigo, exacerbó a los abogados que pidieron que se hablara sólo sobre el caso ventilado. “No es pertinente ni útil hablar sobre esto”, dijo el doctor Sebastián Becerra Ferrer, que junto a Hairabedian, defiende al productor Gabrielli.

A su turno, el fiscal Novillo Centeno consideró que era inevitable abordar el tema de la salud en estos episodios.

Finalmente, el tribunal pasó a un segundo cuarto intermedio, tras el que resolvió que el PowerPoint no iba a ser utilizado pero el testigo iba a poder hacer referencia a la cuestión sanitaria.

Extenso y discutido

El pediatra que realizó la denuncia inicial del caso, a lo largo de tres horas realizó un pormenorizado repaso de cómo se enteró de la situación en barrio Ituzaingó Anexo cuando la jefa del dispensario UPAS 28 le llamó y visiblemente alterada le dijo que estaban fumigando arriba de sus cabezas. Era el viernes 1 de febrero de 2008.

El doctor Ávila Vázquez aclaró que “los productores imputados nunca solicitaron la autorización correspondiente o al menos no hay constancia en ningún estamento oficial de ello”. Señaló además que el municipio capitalino cordobés aprobó en 2003 una ordenanza que prohibía la aplicación de agroquímicos a 2.500 metros de la zona urbana, a pesar de lo cual estas prácticas continuaron.

El testigo indicó que desde 2003 se realizaron numerosos estudios al sector, al que consideró “un ladrillo injertado en una zona rural”, en los que se detectaron rastros contaminantes de plomo, arsénico, PCB y agroquímicos en la población. Sin embargo, a pesar de que se fueron adoptando las medidas necesarias, la gente se seguía muriendo o enfermando.

De acuerdo a un mapa que presento Ávila Vázquez, se detectaron al menos una veintena de casos de cáncer en las manzanas ubicadas sólo a 200 metros del cultivo de soja. De allí se desprende que “por la aplicación de tóxicos en cercanías a zonas urbanas, en barrio Ituzaingó por ejemplo, los casos de cáncer duplican la media provincial”, añadió.

Estos fríos números muestran que el 33 por ciento de las muertes en la población del barrio se producen por cáncer cuando la media es del 18 por ciento en el resto de la ciudad, constituyendo la principal causa de muerte las enfermedades cardiovasculares.

Los productores agropecuarios y el aeroaplicador están acusados de haber aplicado sustancias como endosulfan y glifosato, consideradas tóxicas en grandes cantidades, sin respetar las condiciones mínimas previstas en la ley vigente. Al respecto, Ávila Vázquez aclaró que “en nuestro país el uso de estos agroquímicos no están prohibidos”.

Aunque a nivel general la alocución de Ávila Vázquez, que se emocionó cuando hizo referencia a los dramáticos casos de malformaciones en niños que tuvo que investigar, fue contundente sobre los agroquímicos y la salud, en relación al caso que se ventila sólo se basó en el pedido posterior a la denuncia para volver a fumigar y las enfermedades detectadas.