Todos comparten un mismo drama: no tienen papeles legales de residencia y sienten que su permanencia en el gran país pende de un hilo. Por eso, en una masiva vigilia de inmigrantes, todos ruegan por lo mismo. Esto es: que la Justicia haga el milagro y frene la inminente entrada en vigor de la normativa que criminaliza la inmigración ilegal en Arizona.

Falta apenas una semana para que esta controvertida norma entre en vigor, el próximo jueves 29. Si alguien puede frenarlo y, con eso, decidir la suerte de millones de personas sin papeles que buscan un futuro en este país, es la jueza federal de 51 años llamada Susan Bolton; famosa, entre otras cosas, por su resistencia a las presiones políticas.

"Ya falta poco. Por eso rezamos para que no se equivoque", escuchó ayer LA NACION en una de las tantas vigilias montadas alrededor del país.

Lo cierto es que los escenarios posibles son varios. "Nosotros sabemos qué es lo que esperamos", confió a LA NACION uno de los asesores demócratas en la materia. La expectativa de la Casa Blanca es que la justicia federal deje sin efecto la norma que el presidente Barack Obama calificó como "equivocada y contraproducente".

Pero el otro escenario es el contrario: que la jueza Bolton le otorgue vía libre. Con eso, el panorama cambiaría por completo, ya que la inmigración irregular se convertiría en delito no sólo en Arizona, sino que, muy pronto, también lo sería en otra veintena de estados que esperan una señal para ver si avanzan o no con legislaciones similares.

Florida -donde hay miles de argentinos sin papeles-, Michigan, Alabama, Nebraska, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas y Virginia son sólo algunos de los que están en gateras con medidas similares.

"Y con eso empezaría una persecución interna", dijo a LA NACION William Rodríguez, del Foro Cristiano para la Defensa Legal, una de las entidades que trabajan con inmigrantes.

La vigilia es una cosa. En forma paralela, estudiantes de todo el país, hijos de inmigrantes indocumentados, marchan hacia esta ciudad para clamar contra "el techo de cristal". "Esto implica no poder desarrollarnos y ser parte de la sociedad, porque te castigan por una decisión que tomaron nuestros padres cuando éramos chicos", según dijo la mexicana Mariela Aguilar.

La marcha fue organizada por la asociación Dream University e implica el riesgo de que miles de jóvenes indocumentados se expongan a ser arrestados al plantarse en una de las zonas más vigiladas de la ciudad: los alrededores del Congreso y de la Casa Blanca.

"¡Qué me importa ya! Que me arresten de una vez. No aguanto más", clamó otro de los manifestantes. Su camiseta decía "Almost suspicious " (casi sospechoso) y su pedido es que le permitan residir legalmente en este país. "He pasado toda la vida aquí, no conozco otro lugar, no pertenezco a ningún otro lugar, me siento norteamericano, hablo inglés y si me echan, me quedo sin nada", añadió.

La organización, que lleva meses trabajando, convergió en esta ciudad en momentos en que el posible giro legislativo en Arizona se ha convertido en toda una afrenta para la inmigración. Se espera que entre hoy y mañana la jueza Bolton decida sobre el futuro de la norma, que debería entrar en vigor el jueves.

"Es mucho lo que está en juego. Si Bolton decide en favor de la ley de Arizona, abrirá el camino para que otros estados adopten medidas similares en un tema que ha sido desde hace mucho responsabilidad exclusiva del gobierno federal", dijo Margareth McHugh, del Migration Police Institute, con sede en esta ciudad.

Punto de entrada

La norma, promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer, habilita a la policía estatal a requerir documentos e interrogar sobre la situación migratoria de "cualquier persona que parezca sospechosa" de estar en situación irregular en el país, lo que fue cuestionado por considerarse racista.

"Lo hacemos para defender a nuestros ciudadanos", dijo Brewer. Limítrofe con México, el estado en el que gobierna es considerado uno de los puntos de entrada de la inmigración irregular. La norma cuenta con el apoyo del 70 por ciento de la población, que ve en ella un arma eficaz contra el creciente delito y la inseguridad.

Pero la Casa Blanca apeló judicialmente la medida por "inconstitucional", al considerar que sólo el gobierno federal tiene potestad para dictar en la materia. Y con eso, se abrió la mayor controversia sobre inmigración en los últimos tiempos en Estados Unidos.

"Es una suerte que eso haya recaído en Bolton. No conozco a nadie mejor para entender en este tipo de casos", opinó el ex juez de Arizona Kenneth Fields, que describió a la magistrada como "equilibrada" y "muy hábil" a la hora de manejar casos complejos.

Bolton no ha dado entrevistas desde que el expediente de Arizona cayó en sus manos. Hace dos semanas tuvo una primera audiencia, tras la cual no produjo resolución. Y se espera que entre hoy y mañana produzca algún pronunciamiento.

"También puede ocurrir que la jueza se tome más tiempo y no decida sino hasta que la norma ya haya entrado en vigor", dijo a LA NACION Marjorie Dewitt, una abogada que trabaja con inmigrantes. "Hay que ser consciente de que los escenarios en danza son varios", añadió.

No menos de 12 millones de personas residen en Estados Unidos en forma irregular. Hace poco, Obama se pronunció públicamente a favor de una regularización de los inmigrantes ilegales, con ciertas condiciones. Pero dijo que para eso necesitaba el apoyo del bloque republicano, algo con lo que hasta ahora no cuenta.

"Nuestro sistema migratorio está quebrado. Deberíamos aceptar esa realidad", dijo Obama. Los republicanos le exigen que, antes de considerar cualquier iniciativa en la materia, primero asegure la frontera con México, según sintetizó su ex rival en la carrera presidencial, el senador por Arizona John McCain.

En forma paralela, la Casa Blanca dispuso un refuerzo del control fronterizo con el despliegue de 1200 militares que empezarán a desplazarse, precisamente, a partir del primer domingo del mes próximo.

"Son días muy tensos", afirmó Dewitt.