La publicación en el Boletín Oficial de la resolución por la cual el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) autorizó la aplicación de un aumento del 28 por ciento en dos etapas a las tarifas de Epec, abrió un nuevo frente de incertidumbre en la decisión que deberá adoptar el Gobierno respecto de este ajuste y de la eliminación de los subsidios en la factura.

El órgano oficial reprodujo ayer la Resolución General Nº 12 que, con fecha 5 de diciembre, aprueba “el cálculo de incremento de costos presentado por Epec para el período julio 2010-julio 2011, autorizando su traslado a los cuadros tarifarios respectivos, incluyendo los mayores costos generados por la Central Pilar”, indica textualmente el artículo 1º.

Esta resolución se conoció el mismo día en que asumió el nuevo directorio de Epec designado por José Manuel de la Sota. Ayer a las 14, en el marco de un breve acto administrativo del que participaron una docena de gerentes de la compañía, fue puesto en funciones el cuerpo integrado por Osvaldo Simone, el abogado Daniel Segura y Carlos Mainardi.

De inmediato se realizó la primera reunión formal de la conducción (al caer la tarde aún no había concluido) que designó como presidente a Simone en lugar de Justo Díaz. La resolución del Ersep es una “papa caliente” para las nuevas autoridades, dado que sobre el aumento pedido y autorizado por el Ente, pende la amenaza de la Nación de eliminar una parte proporcional de los subsidios a la compra de energía.

Simone había anticipado que el aumento, cuya primera etapa es del 15 por ciento y rige desde el 1º de diciembre, no sería aplicado hasta resolver el forcejeo político con el segundo del ministro de Planificación Federal, Roberto Baratta, quien emitió una resolución fijando una dura posición: todo aumento en el valor agregado de distribución será “compensado” por la Nación con una quita proporcional de los subsidios.

Con el esquema planteado por Baratta, de aquí a marzo la tarifa de Epec treparía al 56 por ciento.

La decisión del gobierno de Juan Schiaretti de plantear el aumento y conseguir la aprobación del Ersep implica un condicionamiento para el nuevo directorio. No ponerlo en vigencia le daría la razón a críticas lanzadas por los vocales opositores del Ente, el radical Alberto Castagno (hoy dejaría el cargo a Miguel Nicolás) y el juecista Juan Pablo Quintero.

Castagno y Quintero plantearon que no tiene sentido que el Ersep controle a Epec porque finalmente se aplican decisiones discrecionales en el manejo tarifario, sin posibilidad alguna de aplicarle multas a la distribuidora eléctrica. El esquema jurídico prevé que cuando el Ersep aprueba la tarifa y la publica en el Boletín Oficial , esta entra automáticamente en vigencia sin más trámite.

Mientras tanto, Baratta aseguró ayer que “no se le va a quitar el subsidio a ningún barrio, sino a los hogares que puedan pagar”.

“Para eso se enviará a algunas zonas, que son las de mayor poder adquisitivo una declaración jurada para que manifiesten si pueden pagar la tarifa plena o necesitan el subsidio”.

Los habitantes de esas zonas en caso de necesitar el subsidio “pueden completar la solicitud indicando una entre las 12 causas y mantenerlo”, explicó.

“Esa es la diferencia entre las zonas de quita directa, donde por la homogeneidad de las viviendas se resolvió eliminar los subsidios, como barrio Parque y Puerto Madero, y las de envío de declaración jurada”, donde “no existe tanta homogeneidad y por lo tanto puede haber usuarios que no tengan recursos para afrontar la tarifa plena”, concluyó.

Cooperativas, también. En tanto, Quintero informó que, con su voto en contra y el de Castagno, el Ersep autorizó el pasado 7 del corriente aumentos del 18,8 por ciento en la tarifa que aplican las cooperativas eléctricas y también en aquellas prestadoras de agua corriente. Para las últimas, las subas van del 25 a casi el 36 por ciento.