En diálogo con el Nuevo Diario, Silvia Borsellino, directora de la organización Fondo Mujeres del Sur y docente de la UNSE, se refirió a los cambios introducidos por la normativa y su repercusión en la vida cotidiana de la mujer santiagueña: “La reglamentación específica de la ley posibilita generar instancias de responsabilidad entre los distintos poderes que van a intervenir. Muchas veces las dificultades que teníamos, a pesar de la vigencia de la ley nacional, era que la Policía o el Poder Judicial no intervenían oportunamente para proteger a las mujeres víctimas de violencia. Entonces, con la reglamentación de la nueva ley, quedan explícitamente contempladas las sanciones para aquellos funcionarios públicos que no cumplan con las exigencias que la ley impone. Esto permite ser más efectivos y concretos en la aplicación de la ley, sobre todo en los sistemas de protección y aseguramiento de las mujeres”.

En tal sentido, la docente se refirió a la introducción del protocolo de asistencia a víctimas de delitos sexuales, que se incorpora a los distintos estamentos con la nueva normativa. “La ley también tiene incorporado el protocolo de asistencia a las víctimas de violencia sexual y eso incluye a mujeres, adolescentes, niños y niñas. Eso nos permitirá tener una forma específica de actuar en las situaciones de maltrato y violencia sexual. También es una medida efectiva, rápida y creemos que va a significar por lo menos un tratamiento adecuado de las víctimas, lo cual representa un adelanto”.

Sin embargo, la profesional consideró que no deben dejarse a un lado las medidas que operan en el ámbito de la prevención: “Esto no quiere decir que no tengamos que implementar medidas de prevención, lo que implica articular con varios espacios públicos las responsabilidades gubernamentales y no gubernamentales. Trabajar en prevención es trabajar en educación, es trabajar con una campaña significativa de comunicación. Pero esto va a ser mas fácil de lograrlo con la ley de fondo”.

Por otro lado, Borsellino dio cuenta de la génesis de la ley, de la que participaron organizaciones de la sociedad civil:

“Esta ley es producto del trabajo de dos años de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones que vienen trabajando hace mucho tiempo en el ‘tema de la violencia, junto con el Estado y los asesores de Justicia. Realmente es la conclusión de una visión que se ha analizado, debatido, discutido, y eso tiene un valor agregado muy importante”.

Por último, la directora destacó una carencia que padece la ley: “Lo único que le falta es un tema que se incluyó y debatió en el ámbito de la reglamentación, que es la inclusión y el reconocimiento de la violencia de género también aplicada a la diversidad sexual. Tenemos el compromiso de poder incluirlo más adelante, porque necesitamos un tiempo de maduración social y cultural. La violencia de género no es un delito simple”.