El Departamento Provincial de Aguas (DPA), como ente regulador de la principal concesión de agua y cloacas asignada a la estatal ARSA, confirmó ayer que abrió la discusión interna para habilitar un nuevo proceso de incremento de las tarifas por variación de costos de explotación del servicio en la Provincia de Río Negro.

Si bien se desconoce la pretensión de la escala porcentual, en el ente regulador a cargo de Juan Luis Gardes, se admitió la tramitación del expediente. El superintendente general explicó a "Río Negro" que la cuestión "se analiza con el gobernador (Alberto Weretilneck), y se están solicitando otras documentaciones" a la empresa que "se encuentra desfinanciada".

Uno de los primeros avances, según el directivo, es que las inversiones de grandes obras no se trasladarían al futuro arancelamiento.

Están ausentes algunas precisiones en torno a la fecha del llamado a revisión Extraordinaria ya que en el Boletín Oficial falta recibir el edicto de publicación. Tampoco hay detalles en relación a la puesta en vigencia de la nueva autorización de valores.

Sin embargo, en el análisis de las planillas que justificarán las próximas variables, se puso énfasis en la estructura de costos. Hay tres componentes a tomar en cuenta: gastos en personal, pagos por el uso de energía eléctrica en el bombeo de agua, y los productos químicos.

Existe cierta preocupación respecto del primer punto, dado que las recomposiciones salariales estarían desproporcionadas con el andamiaje de prestación de servicios.

La facturación de la empresa, el año pasado, de acuerdo a los balances; fue de 78 millones de pesos, y en sueldos se asignaron cerca de 70 millones. Esto representaría que un 90% de la tarifa se fue en costo de haberes.

En febrero pasado, el nuevo presidente de la empresa, José Luis Guerra, ya había formulado un adelanto sobre el reajuste tarifario; admitiendo el desfinanciamiento y la falta de inversiones en los últimos 10 años que se ve reflejado en la calidad del servicio. Describió que la firma estatal cuenta con una planta de personal superior a los 700 agentes con una recaudación de casi un 87% sobre las liquidaciones a clientes.

En este marco, el superintendente general del DPA está tomando decisiones sobre prestación de servicios.

En principio, dio su aval por el plazo de 180 días por un aumento de carácter transitorio del 35% sobre los valores en los que opera el contrato de concesión de la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Lamarque; según la resolución Nº 501.