Finalmente se concretó lo que oportunamente fue anticipado en las páginas de este diario: la concesión de la autopista La Plata-Buenos Aires pasó a ser responsabilidad del gobierno provincial. Y ya se habla que, en cualquier momento, estará allanado el camino para que se incremente el costo de los peajes, que actualmente se encuentran congelados a partir de una medida cautelar dictada por la Justicia federal.

El punto más controvertido es que, en el nuevo esquema, continuaría al frente de la concesión la empresa Coviares, perteneciente al Grupo Roggio, que está en el ojo de la tormenta por no haber hecho las inversiones necesarias en la autovía. Y los resultados están a la vista: el camino está lleno de baches y se encuentra absolutamente colapsado al no haberse construido el tercer y cuarto carril que contemplaba el contrato.

En caso de que se levante la medida judicial, la tarifa del peaje se elevará de 2 a 3,50 pesos para los automóviles en Hudson y Dock Sud, y subirá de 4 a 5 pesos en cada estación en las horas pico. Se estima, a su vez, que podría haber nuevos aumentos como ocurrió este año cuando, pocos meses después de transferirse la empresa Edelap a la órbita nacional, se aumentó el valor del servicio en un 25%.

Fuentes del Ministerio de Infraestructura bonaerense aseguraron a Hoy que, antes de que comience a regir el aumento de las tarifas, se obligará a la empresa a realizar las obras necesarias. Pero Coviares no tiene los mejores antecedentes.

Las fuentes agregaron que “había intereses del gobierno bonaerense, la oposición y los municipios para traspasar la autovía. La autopista La Plata-Buenos Aires se va a unir a una red vial integrada junto con el corredor vial de la Costa Atlántica”.

En ese sentido, remarcaron que la intención es unir la Capital Federal con La Plata y con la capital del turismo (Mar del Plata). En ese corredor también entrará la autopista Presidente Perón, que une al Conurbano con La Plata.

En el gobierno provincial aseguran que la empresa será sometida a una minuciosa auditoría. “La intención de la Provincia es negociar el tercer y cuarto carril entre Quilmes y Hudson para destrabar el tema judicial por el aumento del peaje, que se va a dar en función de las obras que realice la empresa. Eso está dentro de la negociación: si no hay avance en las obras, no hay aumento”, prometieron.

El traspaso de la concesión quedó sellado ayer a partir de un convenio firmado por el gobernador Daniel Scioli y el ministro de Planificación, Julio de Vido, que contempla la transferencia de los “derechos y obligaciones del contrato de concesión” de la autopista.

Durante un acto realizado en el Palacio de Hacienda, en el que solamente disertaron el secretario de Obras Públicas, José López, y el ministro de Infraestructura bonaerense, Alejandro Arlía, se indicó que los 63 kilómetros en los que se extiende la autopista Buenos Aires-La Plata pertenecen “enteramente a la provincia de Buenos Aires”.

López señaló que el convenio es “ad referéndum de la Legislatura” bonaerense y que “la Dirección de Vialidad dispuso la intervención administrativa temporal del contrato de Coviares (concesionaria de la autopista) a los efectos de desarrollar el traspaso hacia la Legislatura”.

El funcionario informó que “el interventor va a ser el contador Héctor Molina” y que “vamos a hacer un traspaso claro y ordenado” de la autopista Buenos Aires-La Plata, luego de “un arduo trabajo y fuerte consenso”.

Arlía destacó que “entendemos el día de hoy como un día en el que empezamos a integrar toda nuestra red vial, porque se suman a la autopista Buenos Aires-La Plata, el Camino del Atlántico y nuestro emprendimiento de la ruta 6, lo que nos permite tener una expansión en el sur de la Provincia”.

La deuda con el Bapro

Actualmente, la empresa Coviares tiene una deuda millonaria -que supera los 240 millones de pesos- con un grupo de bancos, entre los cuales se encuentra el Banco Provincia, que es el principal acreedor.

Según pudo saber este diario, desde hace tiempo la firma está incumpliendo con el pago de los créditos adquiridos, amparándose para ello en una resolución judicial. El préstamo fue otorgado en el año 2001, cuando un peso era igual a un dólar, y tendría que haberse terminado de pagar en 2009. Ello no ocurrió.

Lo que corresponde de ese monto al Banco Provincia son aproximadamente 120 millones de pesos, de los cuales la empresa paga únicamente los intereses -que se fijaron en el 13% en su momento- y que implican cerca de 40 millones de pesos por mes.

“El gobernador recibió un presente griego”, consideró ayer el diputado provincial Carlos García (UCR), titular de la comisión de Obras y Servicios Públicos. Y subrayó que la de Coviares es “una concesión donde ni el Estado nacional ni el concesionario han hecho las inversiones necesarias”.

García señaló que espera que “no indemnicen al concesionario”, como sí ocurrió con las concesiones de las rutas de la Costa Atlántica, pero reparó en que “al gobernador le pasan un problema y está contento. Los bonaerenses no deberíamos estar tan contentos”.